* Aclaró que sí revisará posibles irregularidades después de la jornada electoral del 1 de junio, antes de entregar constancias de mayoría.
Durante una sesión del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la petición de los presidentes de ambas cámaras del Congreso para cancelar 26 candidaturas a jueces y magistrados del Poder Judicial, algunas de ellas señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado o por no cumplir con requisitos como el promedio mínimo en licenciatura. Los consejeros coincidieron en que el organismo no tiene atribuciones legales ni constitucionales para retirar postulaciones.
Ocho de los aspirantes cuestionados no habrían alcanzado el promedio mínimo requerido, mientras que los otros 18 han sido relacionados con investigaciones penales o carecen de buena reputación, según los legisladores promoventes. No obstante, el INE aclaró que el proceso de selección fue responsabilidad de comités técnicos integrados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quienes debieron revisar la idoneidad de cada perfil.
La consejera Dania Ravel subrayó que aceptar la solicitud sería invadir facultades de otras instancias, y que la omisión de evaluar adecuadamente a los aspirantes es atribuible a los comités de evaluación. Claudia Zavala y Uuc-kib Espadas señalaron que se pretende que el INE asuma responsabilidades que no le corresponden, y lamentaron que el organismo esté resolviendo problemas generados por otras autoridades.
Aunque no cancelará candidaturas, el INE adelantó que sí revisará posibles irregularidades después de la jornada electoral del 1 de junio, antes de entregar constancias de mayoría. Esta revisión considerará tanto la política “8 de 8” como otras causales, como deudas alimentarias o procesos judiciales pendientes.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que el Instituto debe actuar con imparcialidad y no interferir en el proceso electoral al tomar decisiones que podrían alterar las preferencias ciudadanas. Añadió que se garantizará la legalidad del proceso, pero sin suplantar funciones que no le competen al organismo electoral.
