RODULFO REYES
La revelación del rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Guillermo Narváez Osorio, sobre la corrupción de anteriores administraciones que provocó la quiebra de la institución, es un tema de la mayor relevancia pública.
Se trata de un expediente de alto calado político, pues ya se dieron las primeras reacciones en contra a la propuesta de que prácticamente la comunidad administrativa debe cubrir el déficit calculado en más de 600 millones de pesos.
El primero en soltar “un grito a tiempo” fue el Sindicato de Profesores e Investigadores de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (SPIUJAT), que vetó el proyecto de Narváez Osorio de ajustar el pago de aguinaldo ante la situación financiera que enfrenta la casa de estudios.
El contrato colectivo se ha revisado y evaluado y las prestaciones no representan excesos, dado que son el resultado del trabajo devengado y son irrenunciables, dijo en un comunicado el secretario general del gremio, Melchor Hernández.
Deslindó al actual rector, pero también a la comunidad académica, de la responsabilidad del déficit financiero que padecen.
El sindicato, dijo, se mantiene dispuesto a acompañar al rector en la gestión de recursos para que se cumpla con el pago de prestaciones y salarios de fin de año, por lo cual no habrá necesidad de manifestaciones que pongan en riesgo a los trabajadores universitarios.
Apuntó que la UJAT ha realizado acciones para mantener finanzas sanas como el ‘Plan de Ahorro, Austeridad y Disciplina del Gasto’, la puesta en marcha de un tabulador de salarios que elimina el doble-sueldo y compensaciones, así como la reducción del gasto de eventos.
La propuesta del rector va en serio: 1) En su paso por la administración, Narváez no ha enfrentado denuncias por corrupción, por lo que puede abanderar la causa de limpiar (o al menos intentar) la institución, sin que lo objeten; 2) Si asegura que renunciará si no le permiten actuar, lo dice en serio: en 2012 dimitió al PRI siendo coordinador de la campaña del candidato a la gubernatura, Jesús Alí de la Torre, pues el grupo compacto de este no le permitió operar.
La colectividad universitaria, sobre todo la politizada comunidad académica, no permitirá que la administración les apriete el cinturón a los maestros.
Acaso por eso ya se puso a circular una presunta lista del salario de los directivos, en la que Narváezaparece como el que más gana, con el afán de restarle márgenes de maniobra.
Sin embargo, a principios de su administración el gobernador Adán Augusto López Hernández aseguró que el entonces rector José Manuel Piña Gutiérrez no estaba involucrado en la llamada ‘estafa maestra’, expediente que tiene en la cárcel al perredista Juan Manuel Martínez.
Esa temprana ‘exoneración’ hace pensar que Piña es intocable y que Narváez no puede hacerle nada.
PARA SU INFORMACIÓN…
DE ALGUNA FORMA es normal que en esta pandemia los funcionarios sean descalificados por la ciudadanía por los escasos resultados ante la emergencia sanitaria. Pero entre las mediciones que ya empiezan a levantarse, dos áreas estratégicas aparecen con palomita: la Fiscalía General del estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) son las dependencias mejor evaluadas por los tabasqueños, debido a que se percibe el trabajo en esas instituciones, lo que indica que Jaime Lastra Bastar y Hernán Bermúdez Requena no se han confinado por la cuarentena. Quizá la coordinación entre mandos ha sido la clave.
