El presidente Andrés Manuel López Obrador, instruyó a los representantes de todas las dependencias del gobierno federal a reducir mínimo un 50% el gasto hacia servicios generales y de operación, esto como parte de la estrategia gubernamental para darle frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) comunicó que, con fundamento en la Ley Federal de Austeridad Republicana, se informó a los titulares del gabinete legal y ampliado sobre esta medida, de la cual estarán exentas las áreas de salud, fuerzas armadas y Guardia Nacional “que están atendiendo la emergencia sanitaria o las que dan continuidad a los proyectos prioritarios del gobierno de México”.
La titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, giró dicho oficio con la instrucción presidencial de que es necesario aplicar medidas de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto en toda la administración pública federal, “atendiendo a la situación excepcional por la que atraviesa el país”, tomando en cuenta que se ha reducido la ocupación de oficinas y el uso de diversos insumos.
La dependencia señaló que, “de conformidad con la política de austeridad republicana, la medida tiene como propósito liberar recursos para atender la emergencia que vive el país por la pandemia del Covid-19. Para un mejor uso del presupuesto público”.
Subrayó que la Ley Federal de Austeridad Republicana indica que los entes públicos deberán abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos, previstos en la Constitución y tratados internacionales de los que México sea parte. Informó que las áreas administrativas y financieras no deberán realizar pagos por servicios que no hayan sido contratados hasta ahora, ni comprometer recursos adicionales en rubros no sustantivos.
“Asimismo, deberán enfocar las medidas de austeridad republicana preferentemente en el gasto corriente no prioritario y evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana”, destacó la SFP.
De acuerdo con las normas, la Secretaría de la Función Pública tiene la facultad de vigilar y fiscalizar la gestión gubernamental de los entes públicos, “verificando que las medidas de austeridad republicana se apliquen de conformidad con lo establecido en esta ley y demás disposiciones aplicables. En caso de encontrar violaciones a las medidas de austeridad republicana, se podrán iniciar los procedimientos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, finalizó.
(Con información de La Jornada)
