Edgar Hernández Ramírez
La carrera por la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez ya empezó. La ley electoral dice que no, que los tiempos aún no corresponden, que las precampañas tienen un calendario y que violarlo tiene costos. Pero en la política chiapaneca, como en la mayoría de las políticas locales, la ley es un papel que se estira, se dobla o se ignora según convenga.
Sin embargo, lo que está ocurriendo en la capital no es un accidente ni un desbordamiento de ambiciones personales. Es una estrategia calculada desde el poder Ejecutivo estatal, diseñada por un gobernador que llegó al puesto gracias a Morena pero que no controla al partido en el estado.
En clave de realpolitik, el aparente desorden –funcionarios en campaña adelantada, mensajes ambiguos, promoción personalizada disfrazada de gestión– es en realidad un dispositivo de control político. No hay improvisación, hay método. Y ese método persigue un objetivo central, casi obsesivo: construir poder propio en un terreno donde el gobernador no tiene el control formal de las reglas del juego.
Primero, la siembra. Al alentar a distintos miembros de su gabinete a posicionarse como aspirantes, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, no está promoviendo liderazgos autónomos, sino fabricando lealtades. Cada funcionario que recorre colonias, que se deja ver, que mide su nombre en encuestas informales, sabe que su viabilidad política depende menos de su carisma que del visto bueno del Ejecutivo. No son candidaturas en gestación, son fichas en formación.
Segundo, el desgaste anticipado. En política, quien se mueve primero no siempre gana, pero obliga a los demás a moverse. Y moverse cuesta. Los adversarios –internos y externos– se ven forzados a responder, a gastar, a exhibirse antes de tiempo. Mientras tanto, el gobernador observa. No se expone, no define, no arriesga. Administra el ritmo de la contienda sin aparecer en la boleta.
Tercero, la fragmentación controlada. Al multiplicar aspirantes desde su propio equipo, evita la consolidación de una figura que pueda volverse incómoda o independiente. Divide para gobernar, pero también para sobrevivir. En paralelo, satura el espacio público y diluye la capacidad de la oposición para construir una narrativa clara o una candidatura competitiva.
Pero hay una capa más profunda en esta estrategia, una que se explica no desde la fuerza, sino desde la debilidad. El gobernador no controla Morena. Y esa limitación redefine todo.
Ante la imposibilidad de decidir candidaturas en el partido que lo llevó al poder, opta por construir una ruta alterna: una red política paralela que puede operar desde otras siglas –como el PVEM o partidos locales– o incluso desde candidaturas aparentemente “ciudadanas”. No es ruptura abierta, sino bifurcación estratégica. No confronta a Morena; lo rodea.
En ese contexto, el “apapacho” a los aspirantes morenistasadquiere otro significado. No es respaldo genuino, sino cobertura política. Al mostrarse cercano, neutraliza posibles acusaciones de intervención indebida y, al mismo tiempo, compra tiempo. Es una política de abrazos tácticos: desactiva conflictos mientras consolida su propio tablero.
El objetivo final no es ganar una elección, sino garantizar influencia más allá de ella. Si logra colocar piezas leales en el Congreso local y en los ayuntamientos –sin importar por qué partido lleguen– habrá construido un blindaje político para el futuro.
El mensaje para Morena es tan claro como silencioso: el gobernador Ramírez Aguilar no necesita controlar el partido para incidir en el resultado. Puede fragmentar el voto, negociar desde posiciones alternas y, llegado el momento, convertirse en un actor imprescindible. No impone, pero incomoda. No manda, pero condiciona.
Claro que la jugada tiene riesgos. La sobreexposición de aspirantes puede derivar en conflictos internos; la tolerancia a la ilegalidad puede escalar a sanciones; y la ambición desbordada de algunos cuadros puede erosionar la autoridad del propio gobernador. Pero el cálculo parece claro: el mayor peligro no es el conflicto, sino el vacío.
En Tuxtla, lo que vemos no es una precampaña adelantada. Es una disputa por el control del futuro político del estado. Y en esa disputa, la ley electoral es apenas una variable más en la ecuación del poder.
