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Obstrucción a operativo de seguridad en Sabinalito y amenazas en la Sierra Mariscal

Obstrucción a operativo de seguridad en Sabinalito y amenazas en la Sierra Mariscal
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* Los pobladores de las comunidades del Sabinalito y Santa Teresa Llano Grande han denunciado amenazas por parte de grupos del crimen organizado.

Redacción / Alfaro Noticias

El despliegue de una unidad de seguridad móvil en la comunidad de El Sabinalito, en la región Sierra Mariscal, fue presuntamente obstruido por civiles armados, según reportes difundidos por habitantes a través de redes sociales. Por su parte, los pobladores de las comunidades del Sabinalito y Santa Teresa Llano Grande han denunciado amenazas, presiones y control territorial por parte de presuntos grupos del crimen organizado.

De acuerdo con versiones difundidas por ciudadanos, un grupo armado impidió el ingreso de la unidad Kanan, parte del programa de seguridad Escudo Pakal implementado por el gobierno estatal. Aunque esta información no ha sido confirmada por autoridades, los testimonios coinciden en señalar que la presencia de la delincuencia organizada en la zona continúa representando un obstáculo para los operativos oficiales.

La unidad Kanan fue presentada la semana pasada por la Secretaría de Seguridad del Pueblo como una herramienta móvil de vigilancia y reacción inmediata. El vehículo, blindado y autónomo, funciona como Centro de Comando y Control (C2) y fue destinado específicamente a Sabinalito, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad y la presencia institucional en zonas remotas.

Mientras tanto, continúan circulando videos en redes sociales donde personas armadas, presuntamente vinculadas a una organización criminal activa en la frontera sur, lanzan advertencias contra grupos rivales y exhiben armamento de alto calibre. Habitantes aseguran que quienes se niegan a colaborar con estos grupos enfrentan amenazas de muerte y despojo.

Además de los señalamientos contra los grupos armados, algunas publicaciones responsabilizan a autoridades locales de omisión ante la situación de violencia, e incluso señalan presuntos vínculos entre funcionarios y líderes delictivos. Los afectados han exigido una intervención integral y sostenida en la región, así como una investigación sobre la actuación de funcionarios en la zona.

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