Sr. López
Después de años de batallar con el código penal vigente en el domicilio en que fue domesticado este López, texto servidor de usted, llegué a la conclusión de que así como la Ley de Dios se resume en dos preceptos (uno: amar a Dios sobre todas las cosas y dos: al prójimo como a uno mismo), la leyes de doña Yolita también se reducían a dos preceptos únicos: primero, nunca se equivocaba y sus castigos eran siempre merecidos; y segundo, en caso de error o duda, aplicaba el primero).
El gobierno federal actual está necio en hacernos creer que ya se acabaron los privilegios de la élite político-económico-
Es una piedra de molino tratar de convencernos que la élite se esfumó gracias al Sistema Nacional Anticorrupción y la rumbosa Fiscalía Anticorrupción (creada en marzo de 2014 y que no puede funcionar porque no puede entrar en vigor sino hasta que se nombre Fiscal Anticorrupción, cosa que el Senado ha pospuesto tres añitos, total, para portarse bien, la buena fe basta).
Claro que si alguien duda que la élite reventó como pompa de jabón, ahí está la corretiza general a exgobernadores y Javier Duarte como pieza principal en un pabellón militar guatemalteco. A todo dar.
Sin embargo, nosotros, los integrantes del peladaje estándar, pensamos que todo es puro cuento y por justificado hábito, sospechamos que allá arriba los poderosos siguen abanicándose con la ley… y sí: no hay Higa, OHL ni Odebrecht que les altere el pulso. Faltaba más.
Solo recapacite en el sonado caso del Duarte del que a nadie se le ocurre preguntar por qué el gobierno federal no procedió antes en su contra (como exige la ley), dejándolo gozar a sus anchas de su sexenio casi completito, sin prestar atención a las denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación, ni al clamor general de que ya por favor, por favorcito, lo pararan y de ser posible, lo detuvieran (y él, por no mencionar a otros actualmente en funciones, iguales y peores, como ya se sabrá a partir del 2018, de eso no tenga duda).
Si de veras ha sonado la hora del fin de la corrupción y la impunidad que la hace posible, entonces que alguien nos haga merced de explicarnos la razón por la que Miguel Ángel Yunes es gobernador de Veracruz, pues aun sin tomar en cuenta su mala fama pública y las graves sospechas que pesan sobre él, hace gala de sus acciones por encima de la ley ejerciendo funciones para las que carece de facultades (como andar averiguando y negociando supuestas devoluciones con supuestos prestanombres, sin intervención de policías, fiscales ni jueces).
Apenas hace unos días publicó un tuit anunciando: ‘Firmé un decreto para expropiar la casa de Javier Duarte en Tlacotalpan. ¡Me comprometí a hacer justicia y estoy cumpliendo! 20:28 – 23 Apr 2017’. ¡Áchis!
La Ley ‘De Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio de Bienes de Propiedad Privada para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave’, promulgada el 13 de julio de 2012 (por Javier Duarte, entonces gobernador), autoriza al Estado a expropiar solo por causas de utilidad pública, entre las que está (artículo 4) hacer bibliotecas e instalaciones para fomentar la cultura… y Yunes, encantado en su papel del Chapulín Colorado (no contábamos con su astucia), de eso se colgó para decretar la expropiación: esa casa va a ser biblioteca.
Lástima que sea usar fraudulentamente la ley, porque en Tlacotalpan ya existe la Biblioteca Juan Malpica (Juan de la Luz Enríquez 4, esquina con Melchor Ocampo, Centro), que cuenta con salas de consulta, sala infantil con libros para niños, videoteca, salón de usos múltiples, biblioteca con acceso a Internet y módulo de servicios digitales MSD; por lo que muy difícilmente es de utilidad pública otra biblioteca en un poblado de 15 mil habitantes.
Si se cumplió con todos los requisitos previos a decretar una expropiación (nada fáciles), y se notificó al propietario dándole derecho de audiencia, ahora toca fijar la indemnización a que obliga la citada Ley (artículo 23), conforme a su valor comercial (artículo 24), a pagarse en 45 días hábiles (artículo 25), lo que significa que don Yunes -aparte de que no le quitó nada a Duarte, porque la propiedad no estaba a su nombre-, compró la casa que le quitó al supuesto prestanombres, que no lo es mientras un juez no lo diga.
Pero Yunes está por encima de esas minucias legales. Él mismo lo deja claro: “No se ha pagado ni un solo peso por el bien inmueble (…) La casa está registrada a nombre de una tercera persona, no está a nombre de Javier Duarte (…)”.
Quede fuera de duda: a Duarte no le quitó nada, no sabemos quién es el propietario o prestanombres, y si lo es, no sabemos por qué no se le fincan responsabilidades, porque es delito andar de prestanombres de rateros.
Se hunde a sí mismo Yunes al explicar que ‘los prestanombres no acudirían a hacer uso de la garantía constitucional de audiencia a oponerse al procedimiento’. Presume de algo también ilegal: si es expropiación debe haber pago. Es la ley.
Y todo esto sin tomar en consideración que el Duarte, todavía es inocente de todo… hasta que no le prueben sus delitos, hasta que no sea oído y vencido en juicio. Por lo que todo lo que está haciendo Yunes es ilegal.
Nada de lo que está pasando en el país obedece a que estemos ante el inicio del fin de la corrupción, sino al revés, todo sigue igual y los que tienen temporalmente el poder, abusan de quienes pueden y quieren. Para eso son impunes e intocables.
En este sainete bien sabe don Yunes que lo legal no es la expropiación, sino el decomiso, como ordena el párrafo tercero del artículo 328, Capítulo X, del Código Penal del Estado (que por cierto, en el párrafo dos receta de tres a 10 de prisión a los prestanombres)… pero, qué flojera tener que probar primero la culpabilidad de Duarte y que los prestanombres lo son, y no dueños legítimos. Además… luego los juicios se pierden, sabe usted, mejor así, rapidito, a la mala y por sus calzones.
