Francisco Félix Durán
Aún no inicia la jornada electoral y el estado chiapaneco ya tiene pintadas las paredes de morado, además de espectaculares con rostros de actores políticos y reuniones públicas, en donde los “invitados” son amenazados con perder apoyos de programas federales en caso de no asistir. Todos estamos conscientes de que estas situaciones son actos anticipados de campaña que rompen con la equidad que debiera existir en las próximas elecciones, pero ¿Por qué jurídicamente no se ha actuado contra estos personajes?
La respuesta es sencilla, de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), para considerarse un acto anticipado de campaña, además de realizar actos proselitistas fuera del tiempo programado para las campañas electorales; también debiera existir un llamado expreso al voto a favor o en contra de algún candidato o partido, asimismo solicitar cualquier tipo de apoyo para participar en las contiendas electorales.
Lo anterior demuestra porque el Senador y Presidente Estatal del PRI en Chiapas, Roberto Albores Gleason, lleva años congregando ciudadanos para fines políticos y hoy en día es investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por la presunta coacción del programa federal PROSPERA, pero no por actos anticipados de campaña puesto que no ha llamado a votar o a participar.
Lo mismo sucede con Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente del Congreso del Estado, que ya tapizó Tuxtla con espectaculares de su fundación: Jaguar Negro. La cual suena muy ecológica pero si la memoria no me falla, el diputado en cuestión no ha realizado ninguna iniciativa a favor de la ecología y lo único que se me ocurre pensar es que siempre sí va por el PVEM en las próximas elecciones, ¿Paradójico no?
Asimismo pasa con Emilio Salazar Farías, Diputado Federal del PVEM y toda la publicidad en espectaculares promocionando su universidad con su propia imagen (usa la misma foto desde hace años), y no podía faltar los que usan las supuestas entrevistas para promocionarse con algún medio informativo, como es el caso de Gloria Luna, Secretaria General del Ayuntamiento Tuxtleco, pero el que se lleva el premio al más gandalla de todos es Enoc Hernández, que con su Asociación Civil “Yo quiero tener un millón de amigos”, se la pasa de gira todos los días en actos proselitistas manchando un sinfín de paredes de morado y ustedes se preguntaran: ¿No es posible detener estas situaciones? Claro que es posible ya que se está violando el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicho artículo señala que “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios… tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. También indica que “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social… no incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.
Por ello sería bueno que la Secretaría de la Contraloría General, observará si se están usando recursos públicos en todas las promociones de imagen y nombre mencionadas, ya que es su obligación vigilar el uso correcto de los recursos públicos y con ello evitar que puedan ser utilizados con fines proselitistas. Digo, no está de más verificar de dónde sacan tanta paga para decorar Chiapas con sus fieras imágenes.
