RODULFO REYES
Cuando la ciudadanía decide rebelarse al poder establecido, no hay factor político que la contenga. Esto se vio el 1 de julio de 2018 que la mayoría del pueblo salió a sufragar en contra del sistema de partidos para favorecer al candidato que ubicaron como la opción ‘antisistema’, Andrés Manuel López Obrador.
Tal ecuación bien puede aplicarse el caso del exgobernador Arturo Núñez Jiménez, a quien hace algunos meses, en la 30 Zona Militar de la capital tabasqueña, López Obrador le extendió su certificado de impunidad, bajo el pretexto de que él no era partidario de las venganzas, por lo cual su administración no iba a demandar al perredista que ya reside en España con su esposa Martha Lilia López Aguilera, también exfuncionaria.
Pero el “pacto de impunidad” entre Núñez y el régimen morenista, denunciado ayer por el dirigente estatal del PRI, Pedro Gutiérrez Gutiérrez, puede hacerse añicos ante la presión popular.
Y es que el propio gobierno de Adán Augusto López Hernández ha puesto circular la versión de que 94 por ciento de los tabasqueños se opone a que se deje sin castigo el saqueo que sufrió Tabasco en el sexenio pasado, de acuerdo con una encuesta a la que el oficialismo le da crédito.
El levantamiento –en caso de existir, pues la difunden fuentes sin credibilidad– coincide con una medición realizada en invierno de 2018 después de que Núñez le entregó la estafeta al morenista Adán Augusto.
Dicho estudio refería que nueve de cada 10 tabasqueños reprobaban la gestión del perredista. Esto es, un 90 por ciento de sus conciudadanos lo rechazaba.
El Revolucionario Institucional adelantó ayer, en voz de su presidente Pedro Gutiérrez, que la cuenta pública 2018 del exmandatario va a ser reprobada en el Congreso local.
Este lunes, en una entrevista de radio, López Hernández aseguró que no habrá impunidad para Núñez, pero esto ante las insistentes preguntas de ciudadanos sobre el tema que se ha vuelto espinoso para el régimen.
El gobernador, empero, tuvo que reconocer que su administración no ha interpuesto ninguna demanda en contra del perredista, aunque sí contra algunos de sus ex funcionarios, quienes ya están siendo investigados por la Fiscalía General de la entidad, y algunos ya enfrentan procesos judiciales ante presuntos malos manejos.
Adán Augusto no descartó presentar denuncias directas contra Núñez, pues dijo que aún están en tiempo para interponerlas.
MÁS PATRULLAS CONTRA EL HAMPA
En un adelanto de lo que informará el próximo domingo, el gobernador López Hernández sostuvo ayer que por la nueva política de combate a la delincuencia ha permitido que en diez meses de su gestión, disminuyeron un 21 por ciento los delitos de alto impacto.
El gabinete de seguridad se dio cita este lunes para poner en marcha 75 nuevos vehículos para el apoyo operativo de la Fiscalía General del estado al mando de Jaime Lastra Bastar.
El titular del Ejecutivo aplaudió la coordinación que mantiene la FGE con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Ángel Mario Balcázar, y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que preside el exgobernador Enrique Priego Oropeza, a fin de obtener mejores resultados.
De enero a octubre de este año, dijo, los casos de delitos de alto impacto social han disminuido de forma general en un 21 por ciento, al registrarse tres mil 886 hechos delictivos menos en comparación con el mismo periodo de 2018.
