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Salvar al INE / A Estribor

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Juan Carlos Cal y Mayor

Construir un órgano técnico, autónomo, eficaz, garante de los procesos democráticos y por ende de la paz social, ha sido producto de una ardua lucha que ha ido evolucionando desde la reforma política de 1976. Ha dado pie a la ciudadanización de los procesos electorales comenzando por la integración de los funcionarios de casilla y un sin fin de mecanismos para dar certidumbre a los resultados electorales. Una legislación que ha ido evolucionando y adaptándose para salvaguardar la secrecía y el ejercicio libre del voto que además cuenta con tribunales que por lo general han actuado con sustento legal.

No es perfecto sino perfectible. No ha estado ausente de críticas y cuestionamientos. En el pasado se tuvo que recurrir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchos de los procesos contaron y mantienen la supervisión de diferentes observadores electorales tanto nacionales como internacionales. Mecanismos como el PREP (Programa de Resultados Preliminares) fueron suprimiendo los conteos paralelos que por desconfianza hacían por su parte los partidos políticos. Además de los ciudadanos elegidos aleatoriamente, los partidos políticos cuentan con representantes que participan durante toda la jornada electoral, cuentan los votos y suscriben las actas con los resultados finales de los cuales conservan y resguardan sus respectivas actas. En estricto sentido no habría manera de alterar los resultados.

Hay que decir que también han evolucionado los mecanismos de coacción y compra de votos, la utilización de programas sociales, los cuales se hayan incluso penalizados. Ahora se ha modificado la ley  y los delitos electorales se tipifican como graves, por  lo cual los infractores no alcanzarían fianza.

Como en el futbol existe un reglamento, árbitros, jueces de línea y aún así se cometen y sancionan faltas. Los árbitros no están exentos de cometer errores y ser increpados con las respectivas rechiflas y recordatorios maternos. De cualquier manera se manifiesta la condición humana desde lo ético hasta lo amoral. Los actos anticipados se encubren en la simulación. Las campañas negativas son el pan de cada día y los debates ejercicios estériles que derivan en la teatralidad, los gazapos, las diatribas y los ataques personales.  Sucede en México pero no es exclusividad. Así son las campañas incluso en las democracias más institucionalizadas.

Aún así, los estándares de México en materia electoral son de los mejores del mundo, incluso de países como los Estados Unidos donde recién se celebraron elecciones primarias en el estado de Iowa y los conteos se retrasaron y generaron incertidumbre. Nada como para salir con cantaletas como la del voto por voto. En países desarrollados, resulta impensable el acarreo o la compra de votos.

Resulta que, no conformes con la nulificación, falta de profesionalismo, parcialidad, irrespeto a la ley y ataque a la independencia de muchos de los órganos autónomos; ahora Morena planea apoderarse del INE. No les importa que ese mismo órgano haya organizado con éxito el proceso electoral del que resultó ganador el actual presidente. Van por la revancha. Tienen afrentas por vengar. Le quieren cobrar al INE la falsa imputación del supuesto fraude en 2006. Ése que nunca pudieron probar. Ése que fue producto de conjeturas, invenciones y frustraciones ante la incapacidad de tener representantes electorales para contar con sus propias actas. Ése que, a pesar del recuento y la apertura de miles de urnas impugnadas, no modificó el resultado de la elección. En la calle decían voto por voto, pero en los hechos sólo objetaron lo que creían podía modificar los resultados.

Como ya se está volviendo costumbre, ha iniciado una campaña artera de linchamiento para denostar al INE y a su presidente Lorenzo Córdova. Se prepara el nombramiento, sin consensos, de la mayoría morenista de cuatro nuevos consejeros. Se planea como sucedió con la Suprema Corte, la Comisión Reguladora de Energía, la CNDH, imponer perfiles afines a los intereses del gobierno. 90% lealtad, 10% capacidad. No cabe aquí el beneficio de la duda. Ya está probado que no les importó la idoneidad en otros casos. Si se consuma ese propósito, representará un golpe letal a la democracia mexicana. Ni más, ni menos. Para allá vamos…

 

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