Héctor Estrada
La medida aprobada por el cabildo de Tuxtla Gutiérrez para hacer “obligatorio” el uso del cubrebocas en todos los espacios públicos de la capital chiapaneca resulta sin duda un mecanismo coercitivo necesario ante la evidente la falta de conciencia social; sin embargo, parece haber llegado demasiado tarde a una pandemia que se ha esparcido ya sin control por toda la geografía municipal y estatal.
¿Por qué se demoraron tanto en asumir ese tipo de medidas drásticas en Chiapas? Esa es la pregunta que muchos se han hecho ante la decisión del gobierno municipal, que innegablemente ha generado encontronazos de opiniones sobre la factibilidad legal de las supuestas sanciones y la “obligación” consecuente del ayuntamiento para facilitar los cubrebocas a personas de escasos recursos.
¿Por qué la medida extrema no se aplicó cuando la tendencia de contagios estaba en crecimiento y el semáforo de alerta se encontraba en rojo? La capital chiapaneca fue el punto de la entidad donde se registró el primer contagio a principios de marzo. En Tuxtla se documentaron los primeros indicios de contagios comunitarios durante el mes de abril. ¿Y hasta ahora se toman decisiones coercitivas para disminuir contagios?
Resulta inevitable percibir claras contradicciones entre la postura asumida por las autoridades de salud para anunciar la relajación de las medidas de prevención, el paso a semáforo naranja y la reapertura de plazas comerciales, centros de abasto y restaurantes, y la disposición del gobierno municipal para endurecer (mediante sanciones) las medidas preventivas entre la población.
Hoy Tuxtla Gutiérrez acumula alrededor del 40 por ciento de los casos y defunciones por Covid-19 en Chiapas, con más de mil 700 contagios oficiales. Sin embargo, la cifra extraoficial de enfermos, fuera de los registros gubernamentales, es muchísimo mayor. Basta palpar la realidad del día a día sobre amigos, familiares o conocidos con síntomas relacionados al
