Juan Carlos Cal y Mayor
Desde la penumbra, desde su ostracismo, los diputados chiapanecos acaban de dar entrada a una reforma electoral -enviada por el ejecutivo- que representa un atentado contra la democracia. En el peor momento de la pandemia, como si fuera urgente o necesarísimo, pretenden modificar la ley para permitir la intromisión en la autonomía administrativa y financiera del Instituto de Elecciones del Estado. Al mismo tiempo reducir, incluso suprimir, el financiamiento de los partidos políticos existentes y los de nueva de creación.
Ya antes habían modificado la ley para retrasar el inicio del proceso electoral local con el único objeto de acotar el recurso económico que corresponde a los partidos en año electoral. Generosamente el nuevo socio de la franquicia de Morena, el partido Verde, ya entregado a los designios palaciegos, decidió donar la mitad de los 14 millones de pesos que le corresponden para utilizarlos en la atención de la pandemia. Pero no fue suficiente. Van por más.
Ahora pretenden que los partidos de nueva creación reciban solo migajas. Les correspondería por ley un 2% a cada uno, de un total de 30% destinado a las actividades ordinarias. Con las modificaciones se tendrían que repartir el 2% entre todos. Números más, números menos, unos 30 mil pesos mensuales para sostener toda su estructura estatal, capacitación y promoción de sus actividades. Una cantidad irrisoria para la magnitud de sus actividades. Un ahorro para el gobierno que no significa nada.
Cierto es que la mayoría de la gente se opone al financiamiento a los partidos políticos. El presidente ha hecho propio ese reclamo y ahora lo quieren hacer a nivel estatal. Al mismo tiempo contrataron para todo el país a los llamados Siervos de la Nación al servicio de la Secretaría del Bienestar, como pago por su participación en la campaña morenista, y ahora como operadores políticos -con un sueldo mínimo de 9 mil pesos- para manejar las listas de beneficiarios de las becas y apoyos asistenciales del gobierno. El famoso censo del bienestar. Una onerosa compra de voluntades en abonos, como siempre sucede con este tipo de programas.
Ya es bien sabido que en las campañas electorales todo se mueve con dinero. En estados pobres como Chiapas donde se abusa de la ignorancia y la necesidad de la gente, el derroche es insultante. El voto tiene precio. Y el origen de los recursos es dudosamente legal. También es cierto que el financiamiento a los partidos ha servido para mantener burocracias parásitas, franquicias electoreras que solo se activan cuando hay elecciones. Es notablemente oprobioso el nulo papel que desempeñan en la vida pública del estado. No tienen agenda propia, no opinan, no inciden, no existen hasta que cada tres años se presenta el negocio de buscar chamba sin importar los perfiles o la idoneidad para el cargo.
Esa es nuestra triste realidad. Pero no por eso los partidos deben claudicar. El gobierno no debe decidir por ellos. La reforma contempla también que si “derivado de un fenómeno natural, uno o más municipios de la entidad sean declarados zona de desastre, se eliminará el financiamiento público otorgado a los partidos políticos durante el tiempo que dure la contingencia”.
Es evidente el propósito de cercenar y suprimir unilateral y arbitrariamente el financiamiento de los partidos políticos, particularmente a los de nueva creación. Se violan con ello los principios rectores del proceso electoral como lo son los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia y equidad. Representa, sin duda, una regresión democrática con tufo autoritario. No creo, conociéndolo, que el ejecutivo estatal tenga ese avieso propósito. Es aun tiempo de rectificar y no enrarecer el incipiente proceso electoral. La intentona podría tener resonancia nacional lastimando la imagen del gobierno.
