Los nuevos partidos / A Estribor

En los próximos días, antes del primero de septiembre para ser exactos, el INE deberá aprobar la creación de los nuevos partidos políticos que solicitaron su registro habiendo cumplido con los requisitos que establece la ley. Para el caso debieron celebrar asambleas por lo menos en 20 entidades o en 200 distritos electorales del país. Que en estas asambleas participaran 3,000 afiliados por entidad o bien 300 por distrito electoral y se supone se debe constatar que en las asambleas no participen organizaciones gremiales. Es lo que establece el INE.  En la constitución y su definición como estado laico, se supone que tampoco las asociaciones religiosas pueden formar partidos políticos.

Es menester señalarlo porque cuatro de los cinco nuevos partidos sustentaron su base social precisamente en gremios sindicales y asociaciones religiosas. Las organizaciones que hoy buscan su registro como es el caso de Redes Sociales Progresistas, de Fernando González, yerno y operador político de Elba Esther Gordillo, maestro de educación básica; Fuerza Social por México, del dirigente sindical Pedro Haces, quien aún funge como secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (www.catem.org.mx); Grupo Social Promotor de México, antes Nueva Alianza, vinculado al magisterio desde su creación y Encuentro Solidario, antes PES, que perdiera su registro está integrado por cristianos-evangélicos. Es la realidad. Todos estos posibles nuevos partidos han manifestado públicamente su adhesión a la 4t. Se perfilan, sin más, a ser partidos afines al gobierno de López Obrador.

A pesar de ello, todo indica que obtendrán su registro de acuerdo a información publicada por el periódico Reforma. De acuerdo a presuntas auditorias y acciones de fiscalización los cinco nuevos partidos incluyendo a México Libre que organiza Margarita Zavala, fueron trasquilados en cuanto militancia y serían sancionados con multas respecto de la comprobación de sus donativos, lo cual puede ser impugnable. En el caso de la participación gremial y religiosa expresamente prohibida en las leyes electorales, el INE ha sido omiso en sus presumiblemente exhaustivas auditorias. De todas maneras, se cumplieron sobradamente con los requisitos que establece la ley y deberán ser aprobados. No hay sin embargo nada oficial. Lo sabremos en los próximos días.

Derivado de la crisis sanitaria la fecha para la obtención del registro se postergó por dos meses y no les quedará más remedio que aceptar su registro, si ese fuera el caso, a pesar de las sanciones y el recorte de sus afiliaciones. Esto en su detrimento porque los demás partidos se encuentran de facto inmersos en los preparativos del proceso electoral.

Los nuevos partidos arrancan en franca desventaja además de que, como sucedió en Chiapas, se modificó la ley electoral del estado en su perjuicio. A ningún partido de los ya existentes le interesó impugnar el hecho de que se les redujera drásticamente el financiamiento para que no les tocaran la bolsa. *El 2% del financiamiento total que se establecía como prerrogativa para cada uno de los nuevos partidos ahora se dividirá entre todos.* En el caso de Chiapas sería entre seis ya que se aprobó además la creación de un partido político estatal. De una bolsa de alrededor de doscientos millones de pesos que hoy se reparte entre los actuales partidos políticos, a los nuevos partidos les tocarían cuatro millones repartidos entre seis para todo el año electoral. Serían 666 mil pesos que divididos entre 12, equivaldrían a unos 55 mil pesos mensuales, en una abierta violación a la equidad.

Para ponerlo en perspectiva, el PAN en nuestra entidad recibe 13.5 millones de pesos, el PRI 28.6, el PRD 13.1, el PT 14.2, el PVEM 31.9, Chiapas Unido 14.7, Morena 64.4, Mover a Chiapas 15.2 y Nueva Alianza 4. Sin van aliados Morena, PT, Chiapas Unido y Mover a Chiapas (el Verde ya no va), tendrían una bolsa de alrededor de 108 millones de pesos. En el caso del PAN, PRD Y PRI una bolsa de 44 millones de pesos. Si 4 de los nuevos partidos apoyan al gobierno de la 4t tendrían otros 2.6 millones de pesos. México Libre, el único perfilado en la oposición, competiría con 666 mil pesos contra 108 millones y 44 millones de las dos coaliciones.

Además de los anterior hay que considerar todos los apoyos gubernamentales en programas federales que en el caso de Chiapas son mayores al resto de los estados. Los llamados Siervos de la Nación con sueldos superiores a los 10 mil pesos, antes propagandistas de Morena, son otro ejercito electoral puesto que ellos elaboran los padrones de beneficiarios. A esto hay que sumar al magisterio y los evangélicos que contarán con otro ejército para la promoción electoral y el cuidado de casillas.

Si se supone que la equidad es la premisa de toda contienda electoral nos encaminamos hacia un proceso totalmente inequitativo y por ende antidemocrático. Eso se verá reflejado en la propaganda electoral además de todos los recursos humanos y materiales de que dispondrán. La apuesta como siempre será disponer de toda la clientela electoral que ha representado la pobreza en Chiapas. Es el reservorio de votos con el que se lucra cada sexenio para inclinar la balanza hacia el partido gobernante y a los grupos de poder sin importar ideologías ni compromisos programáticos. Es la élite política local siempre acomodaticia a los intereses de la federación. Es la confirmación de que somos una entidad subyugada, tributaria de votos, en demérito de cualquier oportunidad aspiracional. Un estado rico en recursos naturales y culturales. Un pueblo pobre condenado irremediablemente al subdesarrollo social, político y económico.