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Angie Jiménez
La Comisión de Gobernación representada por las cámara de diputados, expuso las conclusiones de las rondas de parlamento abierto sobre la Ley de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en la que colaboraron representantes de organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y defensoras de la libertad de expresión.
Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión y diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), recalcó que entre los últimos apuntes, se decidió no crear una sola ley general en la materia, con está ley se busca también promover un paquete de reformas integrales que entre otras cosas, que conducirán a las modificaciones en materia de daño moral, para que ese tipo de figuras legales no sigan siendo utilizadas para agredir y limitar la libertad de expresión el ejercicio periodístico.
“Se determinó preferible realizar adecuaciones específicas a los instrumentos jurídicos existentes, que crear una nueva ley. Se estimó conveniente transitar hacia una coordinación en materia de periodistas y personas defensoras de derechos humanos a nivel nacional, sin que ello implique adoptar un esquema de ley general que requeriría una reforma constitucional y un tiempo considerable, garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del mecanismo. Es absolutamente necesario garantizar el presupuesto asignado para el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos”, comentó Barrera Badillo
Agregó que las primeras iniciativas se presentarán la siguiente semana entre el 17 y 23 de febrero del año en curso, también se dará un plazo de dos semanas para hacer observaciones y después iniciará el proceso de dictamen.
El objetivo de estas reformas es aprobar dichos cambios antes de que finalice el mes de abril o a más tardar, antes de que termine el año. El paquete de reformas se dividirá en cuatro tema que serán: materia civil, materia penal, propaganda, transparencia y acceso a la información.
Las leyes a reformar serán el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, la Ley Federal de Archivos, la Ley Sobre Delitos de Imprenta, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia. El primer bloque de reformas, pretende derogar la Ley de Imprenta vigente.
Leopoldo Maldonado, representante de la organización Artículo 19, en su intervención enfatizó que México requiere reajustar sus normas en materia de protección a periodistas, defensores y el derecho a la libertad de expresión, para que este se pueda ejercer de manera amplia y eficiente, como han sugerido organismos internacionales.
Maldonado destacó que es preciso eliminar elementos previstos en la ley que sólo generan obstáculos para lograr el propósito referido, como las disposiciones sobre daño moral, que son utilizadas para restringir la libertad de expresión, como sucedió en el caso del politólogo y comunicador, Sergio Aguayo.
“Pero lo importante aquí es generar las condiciones normativas que garanticen un robusto, desinhibido, crítico, plural e independiente ejercicio de la libertad de expresión. Que no haya barreras normativas como las que se siguen presentando, que no haya la amenaza de poder ser hostigada u hostigado judicialmente, como el caso que ya todos y todas seguramente tenemos en mente cuando platicamos de esto, que es el de nuestro colega Sergio Aguayo”, informó Maldonado.
“Estos despropósitos mediante los cuales se instrumentaliza el aparato de justicia no puedan ser posibles y que sea la misma ley la que establezca la salvaguarda y los candados. Precisamente por eso la importancia, por ejemplo, de la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles y al propio Código Civil Federal en materia de daño moral. Hay que acabar con estas condiciones normativas que permiten inhibir el ejercicio de la libertad de expresión”, tal y como lo han sugerido a México organizaciones internacionales, agregó el subdirector de Artículo 19.
Destacó que ante una realidad de ataques sistemáticos y violentos hacia la prensa, México requiere contar con leyes justas, eficientes y efectivas de protección hacia los periodistas y defensores de la libertad de expresión, junto a que el mecanismo en la materia no es la única herramienta que permitirá la garantía de protección, justicia y reparación del daño.
Maldonado invocó a los grupos parlamentarios en San Lázaro a construir un paquete integral legislativo que denote y aborde el tema de las condiciones procesales, para que los periodistas y defensores estén en igualdad de condiciones ante sus agresores, contra quienes los demandan por llevara a cabo su labor, o bien quienes tienen ventaja al ocupar cargos públicos, de gobierno y abusan de los recursos públicos para tomar ventaja a lo que les conviene.
De está manera, se pronunció a favor de modificar la Ley de Archivos para garantizar el acceso a documentos históricos; así como anular la Ley de Imprenta que data de 1917, y resulta anacrónica.
Calificó como preocupante la “intentona” de la autoridad federal, de reactivar ese tipo de leyes, a través de la reforma en materia de justicia que se atribuye a la Fiscalía General de la República (FGR) y que consideraba, de acuerdo a los datos que lograron filtrarse a la opinión pública, normas que arremetían contra la libertad de expresión, sancionar delitos de imprenta e incluso igual con terrorismo la divulgación de determinada información; así como encauzar como delito los insultos a dependencias públicas.
Para concluir el parlamento abierto referido, agregó que el Mecanismo de Protección se debe transformar en un órgano desconcentrado, personal suficiente y debidamente capacitado, con fondos asignados directamente por la Cámara de Diputados, y que que en la actualidad es asignado por la Secretaría de Gobernación.
Se pronostica integrar la perspectiva de género en el Mecanismo y dependencias que colaboren con el mismo, así como las acciones de coordinación con estados y municipios, para integrar criterios en la aplicación de la ley y acelerar el intercambio de información de las mismas.
