*Desde pactos de no agresión hasta inmunidad, las acusaciones despiertan serias preocupaciones sobre la integridad de las instituciones gubernamentales.
Recientes investigaciones han revelado conexiones preocupantes entre algunos gobernadores mexicanos y grupos del crimen organizado en varias regiones del país. Desde Quintana Roo hasta Baja California, gobernadores de diversos partidos políticos han sido señalados por proteger, pactar o ayudar al narcotráfico a establecerse en sus territorios.
Estas acusaciones, respaldadas por informes de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), plantean serias interrogantes sobre la integridad de las instituciones gubernamentales y la seguridad nacional.
Una investigación detallada reveló que el grupo criminal ha logrado tejer pactos con autoridades municipales y estatales, permitiendo conocer con anticipación los operativos de las Fuerzas Armadas en la región.
Estos vínculos se extienden desde la administración de Enrique Alfaro en Jalisco hasta la gestión de Mara Lezama Espinosa en Quintana Roo, donde se habría establecido un “pacto de no agresión” entre dos conocidos carteles durante su mandato como alcaldesa de Cancún.
Además, se han documentado supuestos lazos entre el crimen organizado y otros gobernadores, como Marina del Pilar Ávila en Baja California y Cuauhtémoc Blanco en Morelos, evidenciando la penetración del crimen organizado en diferentes niveles del gobierno.
Marina del Pilar Ávila en Baja California, Cuauhtémoc Blanco en Morelos, Cuitláhuac García en Veracruz, Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán, Adán Augusto López en Tabasco, Roberto Sandoval en Nayarit y Emilio González Márquez en Jalisco son algunos de los nombres asociados con presuntos vínculos con el crimen organizado.
Paralelamente, un estudio publicado por la revista ‘Science’ ha arrojado cifras alarmantes sobre la influencia del crimen organizado en México. Se estima que estos grupos emplean entre 160 mil y 185 mil personas, superando en número incluso a importantes empresas mexicanas como Pemex y Oxxo, convirtiéndose en el quinto empleador en el país.
El reclutamiento forzoso se ha vuelto común, con consecuencias devastadoras para las comunidades afectadas. Ante esta situación, legisladores estadounidenses han propuesto medidas drásticas para combatir la amenaza del narcotráfico, incluyendo la autorización al Departamento de Defensa para intervenir contra ciertos grupos criminales en México, reflejando la creciente preocupación por el impacto del narcotráfico en ambos lados de la frontera.
Estas revelaciones subrayan la evidente penetración del crimen organizado en las instituciones gubernamentales y representan una grave amenaza para la democracia y el estado de derecho en México.
