* La iniciativa expone datos personales y biométricos de los ciudadanos, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró inconstitucional una medida similar en 2022
Durante el primer conversatorio sobre la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, especialistas y legisladores expresaron preocupación por la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil. Jorge Bravo Torres, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, señaló que la iniciativa expone datos personales y biométricos de los ciudadanos, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró inconstitucional una medida similar en 2022.
El proyecto de ley, aprobado en comisiones el 24 de abril pero detenido para su revisión en el Senado, otorga a la Agencia de Transformación Digital la facultad de establecer los lineamientos de este registro, que sería obligatorio para concesionarios y prestadores de servicios móviles. Bravo advirtió que esta disposición representa un riesgo de vigilancia indebida y vulnera derechos fundamentales como la privacidad y el acceso a la justicia.
En respuesta a estas críticas, el senador morenista Javier Corral anunció que se harán correcciones a la propuesta, entre ellas la posible creación de un órgano colegiado con autonomía técnica (aunque no constitucional), encargado de regular el sector. Este organismo asumiría algunas funciones inicialmente asignadas a la Agencia de Transformación Digital.
Corral, quien forma parte de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, aseguró que la presidenta está dispuesta a redistribuir atribuciones para garantizar una legislación más sólida y equilibrada. Además, aclaró que Sheinbaum no busca censurar ni restringir contenidos en medios o redes sociales, y que algunos artículos polémicos ya han sido descartados, como el que otorgaba facultades de vigilancia a la Secretaría de Gobernación.
El senador insistió en la necesidad de evitar que intereses monopólicos interfieran en la nueva legislación y subrayó que el objetivo de la reforma es lograr un balance entre el uso estatal del espectro radioeléctrico y los derechos de las audiencias, manteniendo el compromiso con la libertad de expresión y la competencia.
