Juan Carlos Cal y Mayor
A estas horas en que escribo este texto, todavía continúa la discusión en el senado a las más de 1,200 reservas que hicieron los senadores. Llevan horas y va para largo. De todas maneras, ya se votó y aprobó en lo general con la mayoría de Morena y sus aliados. La reforma va, y seguramente continuará en su proceso fast track para regresar con los diputados y luego ser publicada de inmediato por el ejecutivo entrando en vigor.
La oposición se prepara ahora para librar la batalla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eso podría tomar tiempo. De pronto habrá consecuencias de índole laboral al proceder al eventual despido de casi 300 vocalías y se dice que hasta un 80% del personal del servicio profesional electoral.
A partir de las nuevas leyes, el INE habrá perdido su facultad de sancionar conductas tales como la publicidad gubernamental en tiempos electorales o los actos anticipados de campaña donde el partido en el gobierno lleva de por sí la delantera. Desaparecerá el PREP que brinda certidumbre a los resultados. De lo que nos salvamos fue que los consejeros y jueces ya no serán electos por el voto popular. Sin embargo, viene ya pronto la sustitución de 4 de los 11 consejeros que serán mayoriteados provocando una nueva batahola con la oposición. El afán es tener un INE a modo.
Queda para el registro el proceso expedito con el que, sin leer ni discutir en comisiones, literalmente a ciegas, los diputados aprobaron como de urgente y obvia resolución, un sin fin de artículos de al menos seis ordenamientos legales. También el señalamiento con el voto en contra de Ricardo Monreal aseverando que la reforma adolece por disposiciones abiertamente anticonstitucionales. Como no pudieron modificar la constitución intentaron aderezarlo con enmiendas a leyes secundarias. De cualquier manera, se afecta a la operatividad de la institución electoral cercenando recursos con el consabido y falaz pretexto de la austeridad. Se afecta uno de los principios fundamentales del derecho electoral que es la equidad.
La papa caliente le cae ahora a la Suprema Corte que tendrá en sus manos la posibilidad de invalidar la legislación aprobada. En mi opinión el “debido” proceso legislativo fue conculcado por varias razones. No solo es el hecho de que las iniciativas con más de 400 páginas eran humanamente imposibles de analizar y su caso discutir. Tampoco se justificaba la urgencia porque aún queda tiempo hasta los primeros meses del próximo año para poder hacer cambios a las leyes electorales. Hay también una disposición expresa que prohíbe presentar consecutivamente en las sesiones de un mismo año el mismo tipo de iniciativa.
Lo fundamental es que siendo el congreso un órgano plural y deliberativo incumple con su razón existencial al comportarse como oficina de trámite, pero además a ciegas. Esa sola falla podría ser suficiente para que la corte invalidara la reforma. Quedó en evidencia, además, que el documento presentado como iniciativa tenía “fallas constitucionales” como lo reconoció el propio presidente de la república.
Lo que resulta inaudito es que los senadores, con todos estos antecedentes, en vez de subsanar, prefirieron de nuevo mayoritear. Chico favor le hacen al presidente porque con todas estás pifias abonan al rechazo de la Corte. Hay que aceptar sin embargo que podrían también enmendarles la plana con tal de validar. Así pasó con la famosa consulta para enjuiciar a los expresidentes. Y no, no es esa la función de la Corte sino analizar si esta iniciativa pone de verdad en riesgo a la democracia en nuestro país. Ya veremos de qué están hechos. Por lo pronto hay que asumir que el partido en el gobierno está dispuesto a todo para mantenerse en el poder.
