César Trujillo
Desde hace mucho que los presidentes municipales en Chiapas se han convertido en un problema —más que en una solución— para la ciudadanía. El poder político que les han conferido a estos personajes los ha llevado a tomar decisiones que se contraponen a las necesidades más apremiantes, que pasan por sobre el ejercicio ciudadano y han terminado convirtiéndose en los principales ejecutores de actos de corrupción que, pese a ser denunciados por los pobladores, no tienen ningún eco.
Hace unos meses, por ejemplo, un grupo de ciudadanos acusó al edil de Chapultenango, Baldomero Álvarez Ramírez, de mentir al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (OFSCE) e inflar obras en papel y tinta, mismas que ha presentado como culminadas pese a que se encuentran inconclusas. Documentados, y hasta con datos donde no figuraba la firma del Comité de Desarrollo de Planeación y Desarrollo Municipal (Copladem), encargado de administrar los recursos que el gobierno federal envía al municipio a través de una partida denominada el Ramo 33, exigieron la intervención de las autoridades competentes, a través de un escrito entregado al Poder Legislativo, afirmando que son muchas las obras con montos inflados y sin impacto social verdadero y, por el contrario, solamente proliferan las cantinas y los centros de prostitución.
Todo podía indicar que son datos suficientes como para someterlo a un juicio y quitarle el fuero. Sin embargo, no fue así. El resultado ha sido el mismo silencio incómodo que se ha apoderado de todas aquellas denuncias en las que se involucran a los ediles chiapanecos. Es más, en muchos de los casos a quienes se atreven a denunciar, y a señalar las corruptelas de los alcaldes, se les persigue y agrede, se les sindica y se les lanza una horda de críticas pagadas que terminan haciendo más eco que la verdad misma. Quizá por ello en Chiapas, como en varias partes del país, se vuelva común ver estos actos y a los ediles brincar de puesto en puesto y ahora, risiblemente, hasta reelegirse podrán.
El ejemplo más nuevo y claro, en cuanto a la persecución se trata, es el alcalde de La Concordia, Emmanuel Córdoba García, quien mandó a detener a seis habitantes (a los que consideran como líderes) por el simple hecho de haber señalado al gobernador Manuel Velasco, de forma directa, el uso proselitista que éste funcionario dio a los recursos entregados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), recursos con los que benefició a simpatizantes del Partido Chiapas Unido y a los amigos de su hermano, a quien buscan imponer como su sucesor en la alcaldía. Otra raya más al tigre.
La actuación del edil derivó de sentirse defraudado porque sus gobernados, cansados de sus ilegalidades, entraron por la fuerza e interrumpieron la entrega del programa Bienestar, de Corazón a Corazón y expusieron las anomalías de Córdoba García ante el gobernador quien, afirman, escuchó las denuncias y le llamó la atención al edil quien, como lo hacen todos, se lavó las manos, argumentó mala leche de los denunciantes y hasta los acusó de enviados de otros políticos, de desestabilizadores y, posteriormente, los mandó a detener por alterar la paz social. ¡Chulo ejemplo de justicia!
A este caso podemos sumarle otros que deberían ser juzgados por inoperancia y ser copartícipes de que la pobreza extrema crezca y golpee seriamente a los ciudadanos. En esta sintonía figuran los alcaldes Felipe Miranda de Chilón que, con respaldo del diputado federal, Leonardo Guirao, han incrementado el número de pobres colocando a ese municipio como el segundo como mayor índice de marginación en el país; lo mismo pasa con los alcaldes de Ocosingo, Héctor Albores; Tapachula, Neftalí del Toro; Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos; San Juan Chamula, Mario Sántiz Gómez, y el de Palenque, Carlos Morelos, todos dentro de la lista de los 15 municipios con mayor miseria en México. Eso sí, nada va a pasar y, tristemente, se volverá a imponer esa consigna surrealista de verlos, pese a su mala administración, buscando otro puesto de elección popular o acomodados en el gabinete del partido(s) que suba al poder en el 2018.
Lo cierto es que gobiernos van y vienen y nada parece funcionar: se siguen repitiendo los mismos errores, el estancamiento de los municipios prevalece, el descaro en el mal manejo de los recursos hasta se presume, el fomento a prácticas ilícitas es una constante y continúa ese vicio de que en cada cambio de gobierno municipal los experimentos son primero y los resultados nunca llegan. Por eso creo que difícilmente algo va a cambiar. Hoy por hoy, tristemente, se siguen ponderando los intereses particulares y se les da cabida a vividores.
Manjar
Margarita López Morales, exconsejera general del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), a quien acusan de falsificar el sistema de votación en el extranjero para favorecer a un candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas durante los comicios del 2015, ha recibido otra denuncia de los Agentes del Ministerio Público federal adscritos a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Curioso que sólo a ella la traigan entre ceja y ceja, cuando todos sus excompañeros están en la misma sintonía. Como que a los demás implicados los compadrazgos y dedos protectores les han servido, ¿o no? #AyMamáQueYoNofui // La recomendación de hoy es el libro Reforma Política y Participación Ciudadana de Laurana Malacalza y el disco Selling England by the Pound de Genesis. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.
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César Trujillo
Poeta y periodista
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