Carlos Perola Burguete
De la serie Cómo se construye el poder en México, que venimos presentando, en esta ocasión abordamos la segunda entrega: El Congreso como arquitectura del poder, donde las mayorías se convierten en capacidad de decisión cuando se traducen en reglas, instituciones y control legislativo. Va segunda entrega.
Si la noche electoral instala la idea de la mayoría, los días posteriores comienzan a revelar algo más complejo: cómo esa mayoría se convierte en poder.
Las elecciones producen votos, pero los sistemas políticos producen representación. Entre una cosa y la otra existe un proceso institucional que rara vez ocupa los titulares, pero que resulta decisivo para entender cómo se organiza el poder en una democracia. En México, ese proceso ha sido el resultado de varias décadas de reformas electorales que buscaron resolver una ecuación difícil: permitir la competencia entre fuerzas políticas sin sacrificar la capacidad de gobernar.
El voto no gobierna por sí mismo. Necesita traducirse en reglas, en mayorías legislativas y en capacidad efectiva de decisión dentro del Congreso. Es ahí donde la mayoría electoral empieza a transformarse en mayoría institucional.
Durante mucho tiempo, la preocupación central del sistema político mexicano fue evitar la fragmentación extrema del poder legislativo. Un Congreso excesivamente dividido puede convertir la gobernabilidad en una negociación permanente sin capacidad real de decisión. Pero, al mismo tiempo, un sistema que concentre demasiado poder en una sola fuerza política corre el riesgo de diluir la pluralidad que toda democracia necesita. Las reformas electorales que se sucedieron a lo largo del tiempo intentaron moverse en ese delicado punto de equilibrio.
De ahí surgió una arquitectura institucional particular. El sistema combina distritos de mayoría relativa —donde gana quien obtiene más votos— con espacios de representación proporcional diseñados para reflejar la diversidad política del país. En principio, esa mezcla buscaba corregir los excesos de ambos modelos: evitar que una fuerza política dominara por completo el Congreso y, al mismo tiempo, impedir que la representación legislativa se fragmentara al punto de paralizar al Estado.
Pero como suele ocurrir con las instituciones políticas, las reglas que nacen para resolver un problema terminan generando dinámicas propias.
Con el paso del tiempo, distintos actores políticos aprendieron a moverse dentro de esa arquitectura electoral. Comprendieron que el sistema no sólo contabiliza votos; también los traduce en posiciones de poder mediante fórmulas, límites y mecanismos que influyen en la manera en que se integran las mayorías legislativas. Así apareció un fenómeno que con frecuencia se menciona en el debate público, aunque no siempre se explica con claridad: la sobrerrepresentación.
El término puede sonar técnico, pero su lógica es relativamente sencilla. En ciertos contextos, la manera en que se distribuyen los escaños en el Congreso permite que una fuerza política obtenga una presencia legislativa mayor que el porcentaje exacto de votos que recibió en las urnas. Esto no ocurre necesariamente por manipulación del proceso electoral, sino porque el propio diseño institucional permite que la suma de triunfos distritales y asignaciones proporcionales amplifique el peso parlamentario de algunas fuerzas políticas.
Dicho de otro modo: el sistema electoral no es únicamente un mecanismo para reflejar el voto ciudadano; también es una estructura que organiza la gobernabilidad. Y en ese intento por equilibrar representación y estabilidad política, las reglas terminan produciendo mayorías legislativas que a veces superan la proporción estricta de los votos obtenidos.
Este fenómeno no es exclusivo de México. Muchas democracias utilizan sistemas mixtos o fórmulas electorales que producen efectos similares. Sin embargo, en el caso mexicano la discusión ha adquirido un peso particular porque las mayorías legislativas no sólo influyen en la aprobación de leyes ordinarias, sino también en la posibilidad de modificar el marco constitucional.
Ahí es donde la ingeniería institucional del sistema electoral adquiere una dimensión política más profunda.
Cuando una fuerza política logra convertir una ventaja electoral en una mayoría legislativa amplia, el debate deja de ser meramente aritmético. La discusión comienza a desplazarse hacia el terreno del poder: hasta dónde puede llegar una mayoría parlamentaria y qué tipo de decisiones puede tomar en nombre de la representación democrática.
Esa es la razón por la que el tema de la sobrerrepresentación aparece una y otra vez en el debate público mexicano. No se trata únicamente de un cálculo de escaños. Lo que está en juego es la relación entre votos, representación y capacidad real de decisión dentro del Estado.
Y cuando ese tipo de mayorías comienza a consolidarse, inevitablemente aparece una pregunta que va más allá de la mecánica electoral.
Una pregunta sobre el destino político de esas mayorías.
Porque una vez que el poder se acumula en las instituciones, el problema deja de ser cómo se obtuvo.
Pero incluso cuando una mayoría logra consolidarse en el terreno institucional, el proceso político no se detiene ahí. Cuando esas mayorías dejan de ser solamente una combinación de votos y reglas parlamentarias, y comienzan a responder a una misma dirección estratégica, la política entra en otra fase. La mayoría deja de ser solo institucional y empieza a convertirse en proyecto político.
En ese momento la mayoría deja de ser solo un arreglo institucional y empieza a actuar como una dirección política.
El problema empieza a ser qué se hará con él.
*Investigador Periodístico en luchas del campo mexicano, la soberanía alimentaria y económica y las relaciones entre Estado, empresas y comunidades rurales. Director de la A.C. PEROLA. Miembro Honorario del Despacho Jurídico B&G-Chiapas.
