Alejandro Flores Cancino
La revocación de mandato puede sonar democrática. En teoría, es el derecho del pueblo a retirar a un gobernante que ha fallado. Pero sin una oposición funcional, sin árbitros independientes y sin una sociedad civil organizada, la consulta no es un ejercicio de poder ciudadano: es un ritual de legitimación del poder.
Hoy, el escenario está claro. El INE, los tribunales y la mayoría de los gobiernos estatales están controlados, directa o indirectamente, por el partido en el poder. Morena no sólo domina la narrativa, domina las estructuras que la sostienen. Si la consulta se realiza bajo esas condiciones, el resultado está escrito: no habrá revocación, habrá ratificación.
Y lo peor: se venderá como victoria democrática.
Una sociedad desmovilizada, confundida o apática es terreno fértil para el autoritarismo. La revocación, sin un contrapeso político o ciudadano real, se convierte en un plebiscito a modo, una oportunidad más para medir lealtades, no para exigir rendición de cuentas. Los gobiernos locales moverán el aparato político, los recursos públicos y las viejas redes clientelares para asegurar que nadie “traicione” al proyecto. Lo harán no por convicción, sino por miedo, por conveniencia o por simple obediencia.
Revocar a un gobierno debería ser un acto de poder ciudadano. Pero cuando el poder controla la consulta, el ciudadano sólo participa para aplaudir su propia exclusión.
Sin oposición, sin sociedad civil fuerte, sin instituciones que garanticen independencia, la revocación no es una herramienta democrática. Es un espejo roto donde el pueblo se mira creyendo decidir, mientras el poder se reafirma.
La democracia no se mide por cuántas veces se consulta al pueblo, sino por cuántas veces el pueblo puede decir “NO” sin consecuencias.
Y en México, hoy, ese “no” tiene dueño.
