* La reforma también permitirá a ejidatarios, comuneros y jornaleros tener un rifle calibre .22 o una escopeta en sus casas para defensa personal.
El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que permitirá a funcionarios de diversas instituciones públicas portar armas en el cumplimiento de sus funciones. Con 105 votos a favor, la reforma fue turnada al Ejecutivo para su promulgación.
Entre las dependencias incluidas están la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Banco de México (Banxico), la Casa de Moneda y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De acuerdo con el dictamen, estas entidades podrán acceder a permisos de portación de armas siempre que se justifique su uso y se cumpla con los requisitos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.
La reforma también amplía la regulación sobre el uso de armas al establecer que ejidatarios, comuneros y jornaleros podrán poseer, en sus domicilios, un rifle calibre .22 o una escopeta de cualquier calibre para su defensa, siempre que acrediten su actividad en el medio rural.
Además, se endurecen las restricciones al prohibir la posesión y uso de armas, municiones, cargadores, vehículos blindados o modificados para armamento a personas ajenas a las Fuerzas Armadas. También se incorporan controles más estrictos sobre armamento considerado de uso exclusivo militar, como los calibres 5.56 mm y .357, y accesorios como silenciadores, visores térmicos y miras holográficas.
La iniciativa incluye medidas para reforzar la vigilancia sobre el uso de explosivos y sustancias químicas, así como campañas permanentes de educación y cultura de paz a cargo de los tres niveles de gobierno. Según legisladores, esta reforma busca actualizar el marco legal frente a las necesidades actuales de seguridad y reafirma el interés público del control estatal sobre el armamento.
