Héctor Estrada
Mafias dedicadas al comercio ilegal, provenientes del centro del país, se han apoderado del primer cuadro de la capital chiapaneca, pero su actividad va mucho más allá del ambulantaje. Disfrazados de comerciantes, bandas delictivas han tomado el control del comercio en vía pública, con cobro de derecho de piso y modalidades de asalto o estafas a transeúnte, que suceden de manera constante, pero son solapadas por las autoridades municipales.
El problema ha crecido ante la vista de todos. Lo que hasta hace poco eran solamente puestos de canasteras o comerciantes indígenas, vendedores de alimentos y verduras en vía pública, con los años han sido desplazados por redes de piratería, ropa y falluca que han inundado las banquetas, volviéndolas intransitables a horas pico del día.
Sin embargo, ese no es el problema mayor. El problema de fondo tiene que ver con las mafias que están detrás. Y es que, aunque muchos de los puestos ambulantes “tienen rostro” de jóvenes, mujeres e incluso menores de edad, tras bambalinas existen líderes que los coordinan, organizan y mantienen la administración ilegal de los espacios, con cuotas diarias -a cada puesto- de entre 50 y 100 pesos por derecho de piso.
Se ha convertido en un jugoso negocio para unos cuantos líderes, evidentemente ligados a la corrupción institucional. Por eso el ambulantaje se ha disparado durante los últimos años. A decir de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Tuxtla Gutiérrez, actualmente se estima la existencia de más de cuatro mil comerciantes ambulantes ilegales en la capital chiapaneca, principalmente concentrados en el centro de la ciudad.
El problema ha crecido un 30 por ciento durante los años recientes. De acuerdo a declaraciones de los locatarios formalmente establecidos, la mayoría de los líderes del ambulantaje irregular que operan en este perímetro de la capital ni siquiera son chiapanecos; la mayoría proviene de entidades como Puebla, Ciudad de México y Estado de México. “Operan a los comerciantes bajo su control, distribuyen su mercancía y negocian económicamente con las autoridades municipales para evitar su desalojo”, aseguran.
El escenario también ha sido “caldo de cultivo” para actividades delincuenciales como el robo a transeúnte o la estafa. Con la ausencia o complicidad de la autoridad municipal, la zona se ha convertido en campo libre para la delincuencia y sus nuevas modalidades de operación más complejas y organizadas. Apenas este fin de semana el articulista Leonel Durante fue despojado de sus pertenencias, mientras era brutalmente golpeado por una turba de supuestos ambulantes, sin que la autoridad hiciera algo al respecto.
Pero los casos similares que quedan en el anonimato son aún más. Por acción u omisión el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez ha entregado el control de la zona centro a las mafias del ambulantaje. El tema que parece haberse convertido en un negocio redondo para los involucrados ha dejado sola a la ciudadanía ante una nueva red de operación ilegal que sigue creciendo
peligrosamente y que, según información de la Canaco, ya se ha expandido a otras ciudades de la entidad como Tapachula.
El fenómeno, que creció de manera descontrolada durante el gobierno de Juan Sabines Guerrero y fue solapada durante los gobiernos municipales subsecuentes, está hoy en manos de Carlos Morales Vázquez. El actual presidente municipal no tiene otra forma de sacudirse las sospechas, que aseguran la complicidad de su gobierno con las mafias, que aplicando una regulación tajante a dichas redes ilegales antes que el problema sea más difícil de combatir, por el bien de Tuxtla y la ciudadanía… así las cosas.