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Hora cero / La Feria

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Sr. López

 

La abuela materno toluqueña, Virgen (la de los 9 embarazos), tenía una prima, tía Beatriz, campeona mundial de las tragedias, especialista en estar siempre en la mala y hacer gala de sus penas; al saludo estándar de “¿cómo estás, tía?”, invariablemente respondía: -“Aquí, tristeando” -¡qué horror!, echaba a perder hasta los velorios…

 

Entre las asignaturas de urgente resolución para el próximo Presidente de la república, hay dos de especial relevancia que pueden marcar el rumbo de toda su  administración: la corrupción institucional y la inseguridad pública; la gente quiere, con justa razón, palpar a lo vivo la mejora. Hay otras cosas muy importantes (igual o más), pero esa dos son eminentes.

 

La corrupción institucional, sin duda, puede (y debe), disminuir pronto y muy sensiblemente. La pública postura de quien será Titular del Poder Ejecutivo, AMLO, de que no va a ser tolerante con la corrupción, influye de manera inmediata entre los altos funcionarios de su gabinete (legal y ampliado: una muchedumbre de mandos superiores); y de manera indirecta entre los gobernadores de todo el país, porque si se deja nada más trabajar bien a la Auditoría Superior de la Federación (en combinación con la Fiscalía), muchos, muchísimos, se cortan las uñas (o como lo definen los grandes tratadistas de Teoría del Estado: el miedo no anda en burro). Abona a que todos se tomen en serio las insistentes declaraciones de AMLO, que en el pasado no ha sido cómplice de los que trabajan para él y son exhibidos en público (Ponce, Bejarano, Ímaz, etc.). AMLO aspira a ser estatua, no a tener un abultado patrimonio, no va a permitir que nadie le pringue su sexenio con sospechas de corrupción. A todo dar.

 

En el tema de la seguridad pública es en el que hay que irse con tiento. No son las cosas como la prensa se ha empeñado en presentar. Por supuesto es grave el problema, pero se ha magnificado con intenciones por determinar (no importa por qué: así es). Tomemos por ejemplo, el caso particular de los asesinatos:

 

El pasado 21 de enero, en la prensa nacional se comentó a todo trapo el informe de la Secretaría de Gobernación: durante el año 2017, se registraron 29 mil 168 asesinatos, la cifra más alta desde que comenzaron a llevarse registros en 1997 (en 2011, hubo 27 mil 213 y era el récord). La tasa de homicidios en 2017, fue de 20.5 por cada 100 mil habitantes, y en 2011, de 19.4… muy, muy serio asunto.

 

Es cierto lo que reportó la prensa, pero también lo es que a falta de una estadística precisa y oficial, hay quienes le estudian el asunto y encuentran información suficiente para contrastar cifras, sin pretender disminuir la gravedad del incremento real de asesinatos en el país.

 

Hay un estudio muy interesante de Pablo Piccato (Universidad de Columbia, EUA), que se titula: “El significado político del homicidio en México en el siglo XX”. Resulta que el caballero se puso a arañar expedientes del Poder Judicial, para saber cuántas investigaciones por homicidio hubo durante el siglo XX (abarca de 1926 a 2005), y luego, de los servicios de salud del país, para saber cuántas muertes se determinaron como homicidio, y comparar ambas cifras.

 

Los resultados son sorprendentes: es muy inferior el número de investigaciones judiciales, respecto de los casos que los médicos registraron como homicidios, entre otras cosas, explica don Piccato, porque hay fiambres anónimos, otros de los que no se enteraron la Procuraduría ni el Poder Judicial y otros de los que nadie se tomó la molestia de averiguarlos (hay casos en los que ni denunciantes hay… y ¡qué flojera!).

 

Queda dicho, no se trata de hacer como que no estamos tan mal, estamos muy mal, pero también se trata de ser objetivos (no se le olvide, en 2017, la tasa de homicidios fue de 20.5 difuntos por cada 100 mil habitantes, con un total reportado de 29 mil 168 difuntos):

 

Nada más tomando la cifra más alta, la de fiambres considerados homicidio por el sector salud, en 1940 la tasa fue aproximadamente de 72.60 asesinados por cada 100 mil tenochcas; y en 1950, la tasa fue de 49.80; luego bajó y bajó, para en 2005, llegar a solo 12.3 homicidios por cada 100 mil habitantes. Luego la cosa se descompuso (gracias a la guerra contra el narco), y el año pasado llegamos a los 20.5… Siendo fatal tanto asesinato, no podemos comparar con las cifras de 1940 y 1950. En serio. Tampoco podemos dejar de mencionar que en 2017 el Banco Mundial, registró las siguientes tasas de homicidios para El Salvador, 60.8; y Venezuela, 57… no es buscar consuelo de tontos, no, sino de no instalarnos en la trágica (y también estamos lejos de Brasil y Colombia, empatados en 27).

 

El complejísimo asunto de la delincuencia organizada se debe resolver y se va a resolver (seguro), pero nomás que no es de enchílame otra: será un proceso, largo y lento, lastimosamente lento. Lo que el gobierno federal puede hacer pronto es unificar todos los códigos penales del país y buscar no tanto una disminución trepidante de homicidios (y lo demás: secuestros, cobro de piso, etc.), sino  disminuir el grado de impunidad: que cada crimen se investigue, bien y a las derechas. Y esto, toma tiempo y cuesta ríos de dinero, pero vale la pena: en cuanto deje de ser impune el criminal, atenuará la criminalidad. Hoy en México es menos peligroso matar que echarse un taco callejero de carnitas de perro.

 

Ayudaría mucho que nuestros policías y nuestros jueces, se sepan respetados y respaldados: no más culpables a la calle por miedo a las comisiones de Derechos Humanos, ese precio no se puede seguir pagando.

 

¡Ah! y lueguito, dar acceso a toda la información a los deudos de cada difunto y a las organizaciones de la sociedad civil: dejar de mentir o encubrir, ayuda y se puede hacer de inmediato. Salga lo que salga. Salga quien salga.

 

El próximo Presidente de la república puede actuar así, no tiene ninguna responsabilidad en nada que tenga que ver en el estúpido modo de combatir a la delincuencia organizada: que todo se sepa, es la hora cero.

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