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Código Nucú / Dos actas para una moral

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César Trujillo

 

La diputada María de Jesús Olvera Mejía, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no debió ser nunca candidata en el 2015 al presentar dos actas de nacimiento, pues ello contraviene lo señalado en el Código Penal Federal que estipula que si el falsario se propone “sacar algún provecho para sí o para otro, o causar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero, que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un particular, ya sea en los bienes de éste o ya en su persona, en su honra o en su reputación y que el falsario haga la falsificación sin consentimiento de la persona a quien resulte o pueda resultar perjuicio o sin el de aquella en cuyo nombre se hizo el documento”, entonces debe ser sancionado.

Si la diputada Olvera no hubiese querido violar la ley, ni sacar provecho (o raja) de ello, al tener dos actas de nacimiento diferentes, hubiese recurrido a un Juicio de Identidad de Persona o de Rectificación de Actas de Nacimiento desde mucho antes de buscar ser palomeada como la candidata al Distrito XI de Pueblo Nuevo Solistahuacán. Sin embargo, no es la única implicada en este delito de duplicidad de documentos, pues dentro de su partido existe (supuestamente) un instituto encargado de verificar que los aspirantes a un puesto de elección popular tengan todos los documentos en regla y acrediten un examen de aptitudes para el puesto. ¿Quién, entonces, es cómplice de la legisladora que ahora exige un pago a una moral de dudosa procedencia? ¿Quién, o quiénes, ordenaron el pase de la señora Olvera Mejía como candidata sabiendo que incurría en un delito grave?

El Código Penal Federal es claro al señalar que el delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, “con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa”. Para el caso de los documentos privados la sentencia cambia a “prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa”. Y (en el caso de la legisladora) que se trata de una servidora pública, “la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más”. ¿Qué requieren, entonces, las autoridades competentes para actuar en consecuencia? ¿quiénes están protegiendo a la legisladora que pretende pasar por sobre las leyes federales? ¿es por el fuero que enarbola la diputada que las autoridades competentes no han tomado cartas en el asunto?

En un artículo publicado por el periódico de circulación nacional Excélsior, firmado por el periodista Juan Pablo Reyes en 2014, señala claramente que “para la justicia en nuestro país, el delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes: Poniendo una firma falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una verdadera;  aprovechando indebidamente una firma o rúbrica en blanco ajena, extendiendo una obligación, liberación o cualquier otro documento que pueda comprometer los bienes, la honra, la persona o la reputación de otro, o causar un perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero”. Asimismo, “alterando el contexto de un documento verdadero, después de concluido y firmado, variando la fecha o cualquiera otra circunstancia relativa al tiempo de la ejecución del acto que se exprese en el documento, atribuyéndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto. Y también elaborando placas, gafetes, distintivos, documentos o cualquier otra identificación oficial, sin contar con la autorización de la autoridad correspondiente”.

La misma Procuraduría General de la República en años pasados ha emitido las alertas porque existe un catálogo de documentos que son considerados los más proclives a ser falsificados. Entre ellos destacan las actas de nacimiento, los pasaportes, las credenciales de elector (pregúntenle a La Loba de Suchiate), los títulos universitarios, entre otros. Así, si todo está claro como para llamar a rendir cuentas a la legisladora por la duplicidad de documentos, tema al que le huye, las autoridades están obligadas a actuar y a mostrar que no por ser funcionarios públicos pueden violar la ley a su antojo. O ¿me equivoco?

 

Manjar

¿Dónde está esa sociedad civil que exige que como periodistas seamos imparciales, que cubramos sus eventos y divulguemos la realidad de las cosas? Lo pregunto porque nos hemos movilizado en contra de un abuso de una legisladora priista contra un compañero del gremio y ni las organizaciones, ni las dirigencias de los partidos, ni la sociedad se ha visto presente, por el contrario: nos han atacado en las redes, denigrando nuestro trabajo y poniéndonos adjetivos a todos y cada uno de nosotros. Si ese es el despertar del pueblo, no esperemos mucho. #Entreconveniencias // La recomendación de hoy es “El espejo de la muerte” de Miguel de Unamuno y el disco “Entre pairos y derivas” de Fernando Delgadillo. // Recuerde: no compre mascotas, mejor adopte. // Si no tiene nada mejor qué hacer, póngase a leer.

 

@C_T1

 

palabrasdeotro@gmail.com

 

 

 

 

César Trujillo

9611678707

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