EL SISMO QUE REMOVIÓ LA OPULENCIA…
En la discusión sobre si es legal o no utilizar los recurso destinados al proceso electoral 2018 para los damnificados por los sismos, todo se ha constreñido a los gastos de campaña aprobados a los nueve partidos políticos inscritos en el INE y los de corte estatal, que también son jugosos presupuestos. Hasta ahí es una mira muy corta porque en la nómina federal y estatales, hay gastos inoficiosos e insultantes que es urgente suprimir.
Por ejemplo, se tiene que disminuir los sueldos de los integrantes de la nefasta estructura electoral que no se termina con los consejeros y funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), sino también con quienes se desempeñan en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la burocracia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Según investigación de medios especializados en finanzas públicas, “la Fiscalía Electoral, Consejeros del INE, Magistrados Electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le cuestan a los contribuyentes, más de CIEN MILLONES DE PESOS ANUALES”, pese a sus pobres resultados que han propiciado la pérdida de legitimidad y credibilidad en las instituciones y procesos electorales.
Partiendo de que el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO tiene un sueldo base de 208 mil 600 pesos, de los que 40 mil 800 son de sueldo ordinario y 167 mil 800 pesos a su compensación garantizada. Que anualmente, su sueldo es de 2.5 millones de pesos; su salario es de 489 mil pesos y su compensación de 2 millones de pesos. Entonces, con prestaciones, seguridad social, medidas de protección al salario, seguros, fondos y otras remuneraciones, –947 mil 800 pesos– el total sumará 3.5 millones de pesos. Y si se añade el extra por riesgos, la percepción se eleva a 4.3 millones de pesos.
Con ese parámetro de sueldo y la sentencia constitucional de que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, tendríamos que ver a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Anualmente, el sueldo de un Magistrado es de 4.6 millones de pesos, más prestaciones por 681 mil 900 pesos y un bono al riesgo de 830 mil 400 pesos. En total suma 6.8 millones de pesos, es decir 63 por ciento más (2.5 millones de pesos) del salario integrado del presidente de la República, que asciende a 4.3 millones por año.
Bajo esos estándares un trabajador de salario mínimo –73.04 pesos diarios a la fecha de la investigación– 2 mil 191 pesos mensuales, 26 mil 294 anuales, tendrá que laborar 15 años para acumular un mes de sueldo tabular de un magistrado; 21 años si se toma en cuenta su pago mensual total; 250 años si quiere juntar lo que recibirá un magistrado en 12 meses.
El pago global bruto anual de los siete magistrados será de 47.3 millones de pesos. En contraste, tenemos que el presupuesto de 2016 para el Centro Nacional de Trasplantes fue de 22 millones de pesos; el de la Comisión Nacional contra las Adicciones de 46 millones, y del Instituto Nacional de Geriatría es 51 millones de pesos. Ahí está la contradicción y quizá la mala fe que tiene que ser recompensada disminuyéndoles salarios o tomando de esa partida para los damnificados constantes que tiene México y Chiapas, cada año.
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia “no cantan mal las ranchera” en percepción tabular salarial, pues andan en los 4.6 millones de pesos anuales que en la suma de sus demás prestaciones diversas, pago por riesgos, prima vacacional, alcanzan los 7 millones de pesos al año. Un poco menos, pero muy sustancioso es el sueldo mensual de los integrantes de la Judicatura de la SCJN, que perciben 2 millones 900 mil pesos anuales.
Ahora, aunque se dice que el titular de la FEPADE, es el que menos gana, su sueldo anual es de 3.1 millones de pesos, sumando sueldo nominal, prestaciones y compensación garantizada que es de 2 millones. Quizá es el que menos gana en este aparato inoficioso electoral, pero está muy por encima de lo que perciben la mayoría de los mexicanos inscritos en la población económicamente activa.
De este singular análisis, habría que sustraer mucho dinero para la reconstrucción de los pueblos y comunidades dañadas y los millones de mexicanos damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de este 2017. Los partidos políticos podrán ser sustanciosos en sus aportaciones o deducciones de sus prerrogativas, pero en el aparato administrativo-operativo de las elecciones, hay mucho dinero inoficioso que serviría para una demanda urgente como es la atención de nuestros hermanos en desgracia…
Los horrores de la guerra a la que nos sometió el Presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA nos robó la paz, la tranquilidad y la vida de miles de mexicanos. La corrupción nos sustrajo de nuestros bolsillos la posibilidad de crecer, desarrollarnos en la educación, la salud y el empleo. Esas mismas fatalidades nos cargaron de pobres, de miserables mientras los corruptos se enriquecieron y orgullosos presumen sus opulencias.
El gobierno Federal, de los Estados y Municipios, cerraron el círculo entre la corrupción y la impunidad; y en esa oportunidad sumaron a sus cómplices con sueldos millonarios mientras la base social de la población vive con unos pesos al día y a veces sobrevive con nada. Ese es el escenario de horror que se presenta, cuando gobiernos irresponsables gastan a manos llenas el dinero o lo dilapidan en altos salarios para sus secuaces.
Hoy a esos gastos inoficiosos se debe abocar la administración pública antes que la sociedad civil les rebase, porque el ejemplo ya cundió con la exigencia de que los partidos políticos se desprendan de emolumentos que en realidad no les corresponden. Reducir o abolir las prerrogativas a partidos es una opción para resolver parte del problema económico del país.
Las pensiones y personal de seguridad a ex presidentes de la República son una fisura al presupuesto federal que debe derogarse de manera urgente, así como las guardias personales aprobadas a ex gobernadores de los Estados –como Chiapas— que no tienen razón debido al enriquecimiento desmedido que hicieron a través de la corrupción.
Consejeros y funcionarios del INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal más sus 134 asesores; los Instituto o Comisiones Electorales de los Estados que sangran inoficiosamente las arcas de la Federación y las entidades federativas con sumas millonarias que no tienen ningún beneficio, al igual que las prerrogativas y subvenciones a los partidos políticos que se han constituido en empresas familiares con dinero de los contribuyentes.
Revisar estas nóminas es a lo que nos ordenan las bases sociales que exigen pulcritud al gasto público y el uso de los recursos de la nación, de los Estados, inclusive de los municipios. El ¡Ya Basta! es un grito para que se paren los altos sueldos de diputados federales, estatales y senadores de la República, sus viáticos, bonos, comida, celulares, chofer, vehículos, gasolina. Los reiterados viajes del Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO que resultan dispendiosos en vuelos de un avión que solo al despejar gasta millones de pesos y cuyo costo de 7 mil millones de pesos, es una grosería frente a la pobreza de 57 millones de mexicanos.
Todos esos gastos se deben suprimir, erradicar, derogar, porque mientras un trabajador gana 80 pesos diarios, un funcionario ostenta de sueldo 3 mil 500 o 4 mil pesos al día. Es una afrenta que les debería dar vergüenza. Millones de pesos se gastan también el Presidente y los Gobernadores en publicidad, principalmente a los cárteles de los medios de comunicación como TV-Azteca del “Grupo Salinas Pliego”; Televisa, TV y Radio Fórmula, entre otros.
Por eso tenemos que luchar. Porque se acaben las canonjías de funcionarios corruptos y gobernantes derrochadores que dejan al último a los mexicanos que sí trabajan, que sostienen al país y que derrochan la unidad por defender a los hermanos en desgracia. Ahí está el problema y aquí debemos estar nosotros para terminar con esos atropellos de la oficialidad…
El mensaje de la sociedad civil fue claro y contundente. Le pegó a los dirigentes de los partidos empresas-franquicias en donde más le duele: el dinero, que dicho de paso, no es suyo, sino una sustracción legaloide por parte de ellos mismos que aprobaron la ley.
La bola de nieve en que se convirtió la exigencia social, caló en lo más hondo de las instituciones: unos por convicción y otros por quedar bien con el electorado, pero al fin y al cabo, les pegó. Pero la farsa del dirigente del PRI, ENRIQUE OCHOA REZA, de aportar más de 260 millones de pesos de sus prerrogativas anuales, es una tomada de pelo. No se trata de eso, sino de los millones de pesos que tienen asignados para la elección del 2018.
En Chiapas, el presidente del Congreso del Estado, OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, se pronunció por que los recursos destinados a partidos políticos para campañas, sean aprovechados para la reconstrucción de los municipios chiapanecos.
Así también se aprobó una Comisión Especial para dar seguimiento a las operaciones del FONDEN. Su presidente es el diputado WILLIAN OSWALDO OCHOA GALLEGOS, el popular WILLY OCHOA. Es una comisión de la LXVI Legislatura, por lo que no satisface las expectativas de credibilidad que requiere esta tarea, debido a las experiencias ya vividas en otras situaciones similares. Por eso se debió integrar a la sociedad civil a esta Comisión Especial como una decisión de buena fe y credibilidad…
Se acabó el mecate… Y ES TODO…
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