* Director del Centro de Dignificación Humana A.C., acusó la existencia de un “Cártel del INM” que cobraba cuotas ilegales en posible alianza con el crimen organizado
Redacción / Alfaro Noticias
Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A.C., denunció públicamente la existencia de una red de corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) que operó durante la gestión de Francisco Garduño Yáñez. Según sus declaraciones, esta estructura, a la que calificó como “Cártel del INM”, habría favorecido el ascenso irregular de funcionarios, así como el cobro de cuotas ilegales, en presunta complicidad con el crimen organizado.
De acuerdo con la denuncia, la red funcionaba mediante el otorgamiento de cargos públicos estratégicos a personas sin la preparación requerida, favorecidas por vínculos personales con altos mandos del INM. Este esquema, explicó García Villagrán, permitió que funcionarios alineados con intereses particulares ocuparan puestos clave. La estructura no solo facilitaba trámites migratorios irregulares, sino que también habría colaborado con redes del narcotráfico para controlar rutas y actividades ilícitas en la frontera sur.
García Villagrán sostuvo que estas prácticas se replicaron en otras entidades, incluyendo Tlaxcala, Baja California, Monterrey, Guerrero, Puebla, Ciudad de México, Veracruz y San Cristóbal de Las Casas, entre otras. Según su publicación, la manipulación de los procesos de designación de personal contribuyó a la consolidación de un sistema que condicionaba los trámites migratorios a pagos ilegales.
El activista advirtió que esta estructura permitió la manipulación del marco jurídico, particularmente del artículo 52 de la Ley de Migración, al limitar las opciones de regularización de las personas migrantes a dos trámites, ya sea por razones humanitarias ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) o por vínculo familiar. Esta limitación, advirtió, dejó a los migrantes en una situación de vulnerabilidad frente a redes de tráfico de personas o a pagar sumas de hasta 50 mil pesos en las oficinas de regulación migratoria para obtener un trámite.
La denuncia también incluye señalamientos sobre presuntos actos de enriquecimiento ilícito entre funcionarios del INM y la COMAR. Según García Villagrán, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ya tendría conocimiento de los nombres de los implicados en estas prácticas.
Finalmente, el director del Centro de Dignificación Humana señaló que los aeropuertos de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, así como la pista aérea Tuxtla-Ciudad de México, habrían sido puntos estratégicos donde se concentraban operaciones irregulares que generaban ingresos diarios millonarios para esta red.
