Carlos Álvarez/Público&Privado.- La organización civil Reinserta pidió que se garantice el derecho al sufragio por parte de personas en proceso en penales estatales y federales, que aún no hayan sido encontradas culpables.
Conforme a una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sobre el juicio ciudadano SUP-JDC-352/2018 donde dos ciudadanos tzotziles internos en el penal “El Amate” de Cintalapa pedían que se les cumpla su derecho al voto en comicios federales y locales, al no haber sido desacreditada su inocencia.
La restricción del voto se encuentra en la constitución, en la fracción II del artículo 38, que dicta que los derechos para votar por parte de los ciudadanos se pierden al estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del dictamen.
A pesar de esto, la organización civil Reinserta exhorta garantizar el derecho al voto en elecciones tanto federales como locales a quienes no tengan ningún motivo legal para que se le sea privado del sufragio.
De esta manera, el Instituto Nacional Electoral (INE) busca implementar una etapa de prueba en reclusorios para hacer posible la petición del acceso al sufragio por parte de personas sometidas a prisión que no hayan sido declaradas culpables, en el sentido estricto de la ley.
