- 14 familias afectadas continúan viviendo en un campamento provisional desde hace casi una década y solicitan al gobierno estatal una reubicación definitiva con reconocimiento legal de tierras
Redacción
A nueve años del desplazamiento forzado de catorce familias del ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, al menos 14 familias afectadas continúan viviendo en un campamento provisional sin acceso pleno a servicios básicos como vivienda, salud, educación y empleo.
El desplazamiento ocurrió el 26 de mayo de 2016, luego del asesinato de Guadalupe Cruz Hernández. Desde entonces, las familias permanecen fuera de su comunidad, en un asentamiento bajo resguardo del gobierno estatal, sin condiciones para retornar ni garantías de seguridad.
En una protesta realizada recientemente frente al Palacio de Gobierno, representantes del grupo solicitaron al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar una solución definitiva. De acuerdo con sus declaraciones, la solicitud de audiencia con el mandatario se encuentra aún “en trámite”.
Las familias han planteado como alternativa la reubicación definitiva en el lugar donde actualmente viven, así como el reconocimiento legal de la tenencia de la tierra. Señalan que el retorno al ejido Puebla no es posible debido a las condiciones de riesgo que persisten en la zona.
Durante su pronunciamiento, los desplazados señalaron que su petición no se limita a la entrega de apoyos humanitarios, sino a una solución integral que incluya acceso a derechos fundamentales y condiciones para rehacer su vida en paz.
A casi una década de los hechos, las familias desplazadas insisten en que no buscan otra cosa más que vivir sin miedo y poder cerrar un ciclo de violencia que sigue sin respuesta clara por parte del Estado.
