Héctor Estrada
Finalmente, este 1 de agosto se llevará a cabo la controversial consulta popular para enjuiciar o no a los ex presidentes de México. Fue un proceso largo que inició en noviembre 2018 cuando el todavía presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en una entrevista con Carmen Aristegui que realizaría una consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes de México que estuvieron en el cargo de 1988 a 2018.
No obstante, primero tuvieron que llegar reformas a la Constitución Política del país. Las reformas fueron aprobadas por los congresos locales en noviembre de 2019 y luego se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diciembre del mismo año, con lo que entraron en vigor. En ese momento es cuando realmente comenzó el camino para tener la consulta popular que ahora se está promocionando.
El 15 de septiembre de 2020, López Obrador, ya con más de un año y medio en el cargo, propuso de manera formal al Senado de la República la pregunta para la consulta. Así, mientras que la pregunta que propuso Obrador al Senado incluía los nombres de expresidentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó eliminarlos para hacerla de sentido general y en el marco de la ley.
Cuando Obrador entregó la petición de consulta popular al Senado, el 15 de septiembre, se planteaba la posibilidad de que fuera al día de las siguientes elecciones federales; es decir, el 6 de junio de 2021. Sin embargo, la fecha oficial no se definió hasta finales de octubre, luego de la publicación de la convocatoria oficial en el DOF.
Entonces, la fecha de la consulta popular quedó establecida para el próximo domingo 1 de agosto. De esta forma, en caso de alcanzar más el 40 por ciento de participación de la lista nominal los resultados serán vinculatorios, es decir, se convertirán en una orden legal directa para que las autoridades competentes inicien los procesos correspondientes.
Esta consulta será el primer ejercicio democrático de su tipo realizado en México que, además, abre la posibilidad de activar mecanismos similares en entidades del país como Chiapas, donde la corrupción y el hartazgo mantienen viva el hambre de justicia entre la población para enjuiciar a exgobernadores, protagonistas de los más grandes saqueos en la historia de la entidad, como Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello.
Y es que, sí es posible un mecanismo de ese tipo a lo local. La reforma aplicada al Artículo 35 de la Constitución lo permite. En el párrafo octavo establece que las consultas populares pueden ser “sobre temas de trascendencia nacional o regional”, y que “en el caso de las consultas populares detemas de trascendencia regional, los ciudadanos de una omás entidades federativas” podrán recurrir a este derecho constitucional.
Para activar una consulta popular regional existen tres vías. La primera de ellas es una propuesta directa dentro del Senado o la Cámara de Diputados, logrando al menos el 30 por ciento de las votaciones. La segunda es consiguiendo las firmas del al menos el dos por ciento de la lista nominal en Chiapas. Y la tercera requiere la voluntad de una sola persona; se trata pues de la simple solicitud directa del presidente de la república.
Las y los legisladores federales de Chiapas tiene la posibilidad de proponer ante el Congreso de la Unión una consulta especial para Chiapas tras el cínico saqueo que ha sufrido la entidad durante los últimos sexenios; su obligación es justo esa, escuchar el reclamo de quienes representan. De lo contrario únicamente quedará dos opciones: salir a las calles a solicitar firmas o pedir, mediante el artículo octavo, la intervención del presidente de la república.
Ahí están las ventanas de posibilidad para recurrir a las tres “llaves de acceso” a una consulta como la del próximo 1 de agosto. Y es que Chiapas tiene sus propias heridas y sus propios verdugos. Hoy solamente hace falta organización, una petición formal y voluntad política para saber si el tema de las consultas populares es un asunto de capricho personal por consigna o realmente un compromiso de justicia social contra todos los artífices de la corrupción en México… así las cosas.
