* La Fiscalía Anticorrupción de Morelos emitió una orden de aprehensión contra Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, exdirector del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, por la venta irregular de terrenos. Se ofrece una recompensa de más de 113 mil pesos.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) emitió una orden de aprehensión contra Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, exdirector del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo (Filateq), por su presunta participación en la venta irregular de terrenos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco. Para su captura, se ofrece una recompensa de más de 113 mil pesos.
Las investigaciones señalan que Álvarez Anonales facilitó la venta de predios a precios por debajo del valor real del mercado, beneficiando a funcionarios estatales y terceros a través de avalúos alterados y operaciones irregulares. Entre los terrenos involucrados se encuentran propiedades en Playa Escondida, Playa Capri y Rincón de las Hadas, dentro del circuito del Lago de Tequesquitengo.
La denuncia presentada por el gobierno estatal derivó en la apertura de una carpeta de investigación y la solicitud de una orden de aprehensión. Sin embargo, el exfuncionario no ha sido localizado, por lo que la FECC ha pedido la colaboración ciudadana para su captura. La ficha de búsqueda fue emitida este miércoles, junto con la oferta de recompensa.
El caso Filateq forma parte de una serie de denuncias por corrupción interpuestas por la actual administración estatal contra exfuncionarios del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Se les acusa de desvío de recursos, ejercicio abusivo de funciones y peculado. Se estima que el daño patrimonial derivado de estas operaciones supera los 50 millones de pesos.
El secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, aseguró que la administración estatal brindará apoyo total a la FECC en la búsqueda de Álvarez Anonales y en el desarrollo de las investigaciones. Además, adelantó que en los próximos días podrían revelarse más detalles sobre otras irregularidades detectadas.
Las autoridades han señalado que, en algunos casos, la venta de terrenos se realizó mediante intermediarios para ocultar a los compradores reales. Además, el precio total de las transacciones no coincidía con lo registrado en el presupuesto estatal, lo que apunta a una posible red de corrupción dentro del fideicomiso.
