Rodulfo Reyes
En la edición de ayer de esta columna quedó claro que la violencia en Tabasco no es un fenómeno nuevo ni puede cargarse en exclusiva a una sola administración. Se trata de un problema estructural, con raíces que vienen de décadas atrás y que han marcado a la sociedad. También se advirtió que lo que la gente percibe y comenta en la calle no siempre coincide con lo que ocurre en las investigaciones y en el trabajo operativo de procuración de justicia.
Y vaya que hay datos duros: la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) y las fuerzas federales están arrojando resultados que no se veían con esta intensidad hace apenas unos años.
En lo que va de 2026, las acciones conjuntas han sido constantes. Se han desplegado operativos estratégicos que terminaron con la captura de presuntos integrantes de grupos delictivos y de personas vinculadas a hechos de violencia. También se han realizado aseguramientos relevantes que evidencian capacidad de reacción e inteligencia.
En muchos casos, esas detenciones han llegado tras seguimientos prolongados y coordinación entre autoridades estatales y federales, aunque en el ruido público suele olvidarse el trabajo que hay detrás.
Además de las capturas, la Fiscalía ha ejecutado cateos en puntos clave, ha logrado vinculaciones a proceso y ha obtenido sentencias que antes parecían impensables. En delitos de alto impacto —homicidios, desapariciones y narcotráfico— se están cerrando casos que durante años quedaron atrapados en la impunidad.
Hay ejemplos concretos: hace unas semanas, en el municipio de Jalapa, gracias a denuncias ciudadanas y trabajo de investigación, se desmanteló una red dedicada al robo de vehículos. Se recuperaron 34 automóviles y se detuvo a quienes operaban esa estructura delictiva. Son resultados tangibles, aunque no siempre se difundan como debiera.
El problema de fondo no es la falta de acción, sino que el gobierno de Javier May Rodríguez está perdiendo la batalla del relato. En los hechos sí hay avances, sí hay operativos y sí hay capturas, pero en la opinión pública la historia la cuentan otros.
La oposición y el grupo político del senador Adán Augusto López Hernández han entendido que en la esfera pública lo que pesa no es solo lo que ocurre, sino lo que la gente cree. Y hoy la percepción que domina en Tabasco es que las autoridades están rebasadas, aunque los expedientes y las detenciones digan otra cosa.
Esa narrativa de caos se repite día tras día desde las tribunas contrarias. No importa si la Fiscalía da un golpe relevante o si se avanza en una investigación: al final, los adversarios reinterpretan la justicia como persecución política y convierten cualquier acción gubernamental en motivo de sospecha. El esfuerzo institucional se diluye entre la crítica constante.
Es la lógica perversa de la grilla: si el gobierno actúa, abusa del poder; si no actúa, incurre en omisión.
Mientras el gobierno no logre comunicar con claridad y firmeza que sí se está trabajando, que sí hay coordinación y que sí hay resultados, otros seguirán escribiendo el relato. Y desde luego no lo redactarán a favor.
