César Solís
La aprobación de la llamada “Ley Petrona” no es un asunto menor, es sin exagerar, uno de los movimientos más relevantes en materia de justicia con perspectiva de género en los últimos años. Pero como suele ocurrir en la política mexicana, y particularmente en la chiapaneca, el verdadero reto no está en levantar la mano en el Congreso, sino en aplicar lo que ahí se aprueba.
La Sexagésima Novena Legislatura, encabezada por Alejandra Gómez Mendoza, ha colocado sobre la mesa una reforma que toca fibras profundas: el derecho de las mujeres a defender su vida sin ser criminalizadas por ello. La modificación a los artículos 25 y 27 del Código Penal del Estado introduce un elemento que durante años fue ignorado por la justicia tradicional: el contexto de violencia.
Porque no es lo mismo un acto aislado que una reacción tras años de agresiones, miedo y sometimiento.Y eso, aunque parezca obvio, no lo era para el sistema.
La “Ley Petrona”, que nace del caso de una joven indígena de Tenejapa, no solo reconoce la legítima defensa, sino que incorpora una presunción legal en favor de las mujeres que han sido víctimas de violencia. Es decir, obliga a las autoridades a mirar el contexto antes de juzgar el acto. Un cambio de fondo que rompe con la frialdad de una ley que históricamente ha sido ciega pero selectivamente.
Sin embargo, aquí es donde entra la verdadera pregunta incómoda: ¿están listos los operadores de justicia para aplicar esta ley?
Porque de poco servirá este avance si fiscales, ministerios públicos y jueces siguen interpretando la ley con los mismos criterios de siempre.
Ahí estaban, en primera fila durante la sesión, personajes clave como el Fiscal General Jorge Luis Llaven Abarca y la secretaria de la Mujer Marian Vázquez González, además de colectivas feministas que han empujado esta agenda desde hace años. La foto fue correcta. El discurso, contundente. El respaldo institucional, evidente.
Pero la historia reciente obliga a ser cautelosos. Porque Chiapas no carece de leyes; ha carecido añejamente de aplicación efectiva, en este sexenio hay otra realidad, una real y humanista.
Durante años, mujeres han sido revictimizadas en agencias del Ministerio Público, ignoradas por autoridades o incluso criminalizadas por defenderse de sus agresores. La “Ley Petrona” busca precisamente romper ese ciclo, pero eso implica algo más que voluntad política: requiere capacitación, sensibilidad y, sobre todo, un cambio real en la cultura institucional.
No basta con decir “ninguna mujer debe ser castigada por salvar su vida”. Hay que garantizar que eso ocurra en cada carpeta de investigación, en cada audiencia, en cada sentencia.
En tribuna, diputadas y diputados como Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, Juan Salvador Camacho Velasco y Rosa Linda López Sánchez, entre otros, defendieron esta reforma como un acto de justicia histórica. Y lo es. Pero también es una prueba para todo el aparato ejecutivo y judicial.
Porque legislar con perspectiva de género es el primer paso, pero gobernar con esa perspectiva es el verdadero desafío.
Hoy Chiapas presume una ley de vanguardia. Una ley que, bien aplicada, puede salvar vidas y evitar injusticias irreparables. Pero si se queda en el discurso, será solo una más en la larga lista de buenas intenciones que no cambiaron nada.
La moneda está en el aire. El Congreso ya hizo su parte. Ahora le toca a la justicia demostrar que está a la altura.
Porque en este tema no hay margen para simulaciones. Aquí, literalmente, está en juego la vida de muchas mujeres. Y Chiapas ya no puede darse el lujo de fallarles.
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