Juan Carlos Cal y Mayor
Hay momentos en la vida pública de un país en los que los hechos dejan de ser aislados para convertirse en patrón. Cuando eso ocurre, ya no estamos frente a un caso, sino ante una señal de alerta.
La información que circula —y que, sin confirmación oficial, ya se comenta en distintos círculos— apunta a la existencia de expedientes abiertos en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra varios gobernadores y exgobernadores vinculados a Morena.
No se trataría de un señalamiento menor ni de un expediente improvisado: hablamos de investigaciones que, según esas versiones, llevan meses alimentándose con cruces de información financiera, testimonios y seguimiento de operaciones relacionadas con el narcotráfico.
No es la primera vez que ocurre. Tampoco sería, de confirmarse, la última. Pero sí podría ser la más delicada.
EL PROBLEMA DE FONDO
México ha entrado en una zona de riesgo en la que la narrativa oficial intenta contener lo que la realidad desborda. Mientras desde el poder se insiste en una política de soberanía selectiva, en los hechos la presión internacional —particularmente desde Estados Unidos— crece y se vuelve más específica. No es casualidad.
El narcotráfico dejó de ser un asunto exclusivamente interno hace décadas. Hoy es un fenómeno transnacional que impacta directamente en la seguridad, la economía y la política de ambos países. Por eso, cuando las instituciones mexicanas no actúan con la contundencia necesaria, otros lo hacen. Y ahí es donde comienza el problema.
SOBERANÍA O IMPUNIDAD
El argumento de la soberanía nacional ha sido históricamente uno de los pilares del discurso político mexicano. Pero hay una línea muy delgada entre defender la soberanía y utilizarla como escudo para la inmunidad.
Cuando se invoca la soberanía para evitar investigaciones incómodas, el mensaje que se envía es peligroso: que el Estado protege, o al menos tolera, a quienes deberían ser investigados.
Y eso tiene un costo.
No solo en términos de imagen internacional, sino en algo mucho más tangible: la confianza. Confianza de inversionistas, de socios comerciales, de gobiernos extranjeros y, sobre todo, de los propios ciudadanos.
Porque el problema no es lo que diga Washington. El problema es lo que México deja de hacer.
LA RELACIÓN EN RIESGO
La relación entre México y Estados Unidos nunca ha sido sencilla, pero sí ha sido pragmática. Comercio, migración, seguridad: todo está interconectado.
En ese contexto, cualquier señal de debilidad institucional o de tolerancia hacia estructuras criminales dentro del aparato político tiene repercusiones inmediatas. No se trata solo de diplomacia. Se trata de intereses. Y cuando esos intereses se ven amenazados, las decisiones dejan de ser políticas para convertirse en estratégicas.
Por eso, lo que hoy parece un conjunto de investigaciones aisladas puede escalar rápidamente a un tema de agenda bilateral de primer orden.
NO ES UN CASO, ES UNA SEÑAL
El caso de Sinaloa —si es que realmente es el primero de varios— no debe verse como un episodio aislado, sino como una advertencia.
Las instituciones no se erosionan de golpe. Se desgastan poco a poco: con cada omisión, con cada cálculo político, con cada decisión de no actuar. Y llega un momento en que la presión externa se vuelve inevitable.
México está en ese punto.
Porque cuando la justicia de otro país comienza a llenar los vacíos que deja la propia, lo que está en juego ya no es la culpabilidad de unos cuantos, sino la capacidad del Estado para sostenerse a sí mismo.
Abrir la caja de Pandora siempre tiene consecuencias, pero lo verdaderamente grave no es abrirla. Es haberla llenado durante años… y fingir que no existe.
