Como al sinaloense Rubén Rocha, AMLO también protegió al líder de La Barredora / De Primera Mano
Rodulfo Reyes
Antes de que el propio gobierno morenista de Tabasco lo vinculara a proceso como cabecilla del cártel local La Barredora, Andrés Manuel López Obrador ya había salido en defensa de Hernán Bermúdez Requena, el secretario de Seguridad estatal nombrado por el ahora senador Adán Augusto López Hernández. Lo hizo con el mismo libreto con el que respaldó al gobernador sinaloense con licencia Rubén Rocha Moya.
Las similitudes entre ambos casos son reveladoras: en los dos, en su momento el expresidente ofreció apoyo público y vehemente frente a señalamientos que, con el tiempo, adquirieron peso judicial y hasta implicaciones diplomáticas.
En Tabasco, los testimonios recabados en investigaciones federales son especialmente graves. Convertidos en testigos colaboradores de la FGR,
Tomás “N” y Ulises “N”, altos mandos de La Barredora, declararon que durante la campaña de 2018 Bermúdez se acercó a ellos para integrarlos a su grupo y que pactó con el narcotraficante conocido como El Pelón de Playas para que la jornada electoral transcurriera “en paz”.
Si esas versiones se sostienen, significaría que la candidatura de Adán Augusto —y por extensión la del propio López Obrador— estuvo marcada desde su origen por presuntas negociaciones con la delincuencia organizada.
Peor aún: El gobernador interino Carlos Manuel Merino Campos estaba enterado de la existencia de ese grupo criminal. El 22 de diciembre de 2023, tras el ataque a la casa de Bermúdez —atribuido a El Prada, otro directivo del mismo clan— se desató una ola de violencia inédita en el estado. Según la declaración de Tomás “N”, Merino le pidió al llamado Comandante H que ordenara a sus socios detener los enfrentamientos, debido a que López Obradorpernoctaría en Villahermosa durante las fiestas de fin de año.
¡El gobierno sabía quién mandaba y hasta le pedía favores! Lo más grave es que los antecedentes de Bermúdezno eran nuevos: desde el gobierno del priista Manuel Andrade Díaz (2001-2006) ya se le señalaba como presunto jefe narco; incluso fue arraigado por la entonces PGR por su presunta participación en el asesinato de Ponciano Vázquez Lagunes. Veinte años después, Adán Augusto lo colocó al frente de la seguridad estatal.
Para colmo, en 2020 el colectivo Guacamaya Leaksfiltró a los medios documentos hackeados a la Sedena que lo identificaban como jefe del cártel local vinculado al CJNG, pero las alertas fueron ignoradas.
Y cuando el tema llegó a Palacio Nacional en octubre de 2022, López Obrador desestimó las filtraciones como “ataques conservadores”, “calumnias” y “politiquería”.
Hoy, sin embargo, el propio gobierno de la 4T en Tabasco, encabezado por Javier May Rodríguez, lo mandó a prisión. El llamado Comandante H enfrenta cargos por asociación delictuosa, extorsión agravada, secuestro agravado y desaparición forzada de personas.
La costumbre de encubrir a los de casa también se repite en Sinaloa: López Obrador impulsó y defendió a Rubén Rocha, asegurando que en su gestión había “paz y tranquilidad”. Ahora, Estados Unidos lo acusa de pactar con líderes del Cártel de Sinaloa y ha solicitado su detención provisional con fines de extradición. En ambos casos, cuando surgieron denuncias contra cuadros de la 4T, la respuesta inmediata fue el blindaje político.
En Tabasco, los indicios documentados existían desde antes de 2018. La justicia tardó, pero al final llegó desde el propio partido.
A la distancia, el caso de La Barredora muestra el porqué desde el régimen de Claudia Sheinbaum Pardo se ha protegido al senador López Hernández: ir contra él es escalar hasta la cúspide del gobierno pasado.
Así que el gobierno de Donald Trump es la única esperanza de justicia que le queda a los miles de tabasqueños afectados por la carnicería desatada por el cártel local que, según la propia administración estatal, realizaba sus tropelías desde las propias oficinas gubernamentales que, paradójicamente, servían para procurar la seguridad de los ciudadanos.
