Alejandro Flores Cancino
En Chiapas, el combate a la delincuencia ha tomado un nuevo impulso con la actuación del Frip (Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal), un grupo que ha logrado detenciones importantes y que ha sido bien recibido por la ciudadanía. La sensación de seguridad que generan estos operativos es innegable, sobre todo en un estado donde la impunidad ha sido la norma durante años. Sin embargo, hay un punto que debería preocuparnos a todos: la manera en que la Fiscalía General del Estado está manejando la difusión de estas capturas.
Cada detención viene acompañada de un boletín oficial con fotografías de los presuntos delincuentes. Aunque se cubre el rostro de la persona, su primer nombre y otros datos se hacen públicos. En una sociedad como la chiapaneca, donde el escrutinio público es implacable, esto es suficiente para que la identidad de los detenidos sea rápidamente descubierta y expuesta. Así, los acusados no solo enfrentan un proceso judicial, sino que también son enjuiciados en redes sociales y en la plaza pública, sin derecho a defenderse ni a esperar una sentencia formal.
El problema se agrava cuando recordamos que la presunción de inocencia es un derecho constitucional. No se trata de defender a delincuentes, sino de respetar un principio que protege a cualquier ciudadano de ser condenado sin un juicio justo. Porque ¿qué pasa si resulta que la persona es inocente o que las pruebas no sostienen la acusación? Para entonces, el daño ya está hecho: su nombre, su rostro (descubierto por la comunidad), su familia y su vida entera quedan marcados por una sospecha de la que difícilmente podrán librarse.
Este fenómeno no solo afecta al detenido, sino a su entorno familiar. Hijos, padres, hermanos y pareja son señalados y estigmatizados. En casos extremos, pueden ser víctimas de represalias, perder sus empleos o quedar marcados en su comunidad.
Pero aquí surge una pregunta aún más inquietante: si la exhibición es pública, ¿por qué no lo es la sentencia? Vemos el “trofeo” de la detención, pero rara vez nos enteramos si la persona terminó condenada o absuelta. Es como si el show mediático de la captura fuera más importante que la justicia misma.
Entonces, ¿es correcto que se exhiba públicamente a los detenidos antes de ser sentenciados? ¿Se trata de una política de seguridad efectiva o de una cacería en la que solo importa mostrar la presa, sin importar el desenlace?
