- La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León ha autorizado que sea el Tribunal Superior de Justicia quien establezca la sanción contra Samuel García, debido a su retraso en la presentación del paquete fiscal para este año.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) examinará el posible juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, solicitado por el Congreso estatal de Nuevo León. Esta determinación se tomó luego de que los ministros de la Segunda Sala consideraran la importancia del caso y acordaran que los 11 ministros del Alto Tribunal lo estudien detenidamente.
El proyecto presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales propone invalidar ciertos artículos de la Constitución estatal relacionados con el procedimiento de juicio político. El debate se centra en la legalidad del proceso y sus posibles implicaciones para la seguridad jurídica y las funciones del gobernador Samuel García.
Además del juicio político, el Pleno de la SCJN revisará el caso del desafuero de Samuel García, retirando el asunto de la lista de la Segunda Sala debido a su relevancia. El proyecto, también elaborado por el ministro Luis María Aguilar, se enfoca en la controversia constitucional iniciada por el gobernador contra la Comisión de Anticorrupción del Congreso local.
El proceso de juicio político comenzó cuando la Comisión de Anticorrupción del Congreso de Nuevo León respondió a la presentación fuera de tiempo del Presupuesto de Egresos 2023 por parte de García. Esta situación llevó al mandatario estatal a promover una disputa constitucional ante la Corte, desencadenando un debate legal y político de gran importancia.
Los análisis sobre la legalidad del proceso de juicio político y la determinación sobre el desafuero de Samuel García serán temas de interés en las próximas sesiones de la SCJN. La resolución de estos casos podría tener importantes implicaciones para la administración estatal de Nuevo León y el sistema judicial mexicano en su conjunto.
Cabe destacar que en días pasados, el gobernador de Nuevo León, respondió a la exigencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al publicar el decreto aprobado por el Congreso local. Este decreto dispone la transferencia de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), actualmente adscrita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, a la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Dentro del plazo límite de 15 días otorgado por la Suprema Corte, que vencía el pasado 13 de febrero, el gobernador publicó el decreto 196 del Congreso, aprobado en 2022, para formalizar el traspaso de la UIFE a la Fiscalía, un órgano que opera de manera autónoma.
Este cambio se produce en un contexto de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, especialmente evidenciadas la semana pasada cuando la Legislatura Local rechazó el veto presentado por el gobernador contra la mencionada reforma. En su argumentación, el Legislativo sostuvo que su intención no era restar atribuciones al Poder Ejecutivo, sino más bien asegurar un equilibrio de poderes y una mejor funcionalidad del sistema de justicia.
