* El gobierno federal señala que el caso está en fase preliminar, mientras dirigentes políticos piden aplicar la ley sin privilegios
El proceso de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en una etapa preliminar debido a que no existe una solicitud formal por parte de autoridades de Estados Unidos, informó la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde.
Durante la conferencia matutina, la funcionaria explicó que hasta ahora solo se ha recibido una petición de detención provisional con fines de extradición, mecanismo que se utiliza en casos urgentes y que requiere acreditar riesgos como fuga u obstrucción de la justicia. Sin embargo, indicó que los elementos presentados no han sido suficientes para sustentar dicha urgencia.
Precisó que, conforme al tratado de extradición entre México y Estados Unidos, una solicitud formal debe incluir cargos, pruebas y una orden de aprehensión, lo que hasta el momento no ha ocurrido. En este contexto, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó información adicional al gobierno estadounidense, con base en la opinión de la Fiscalía General de la República, que consideró insuficientes los datos entregados.
Alcalde subrayó que, en caso de que se aporten los elementos necesarios, corresponderá a un juez de control determinar la procedencia de una posible detención provisional, lo que abriría un plazo de hasta 60 días para que se formalice la solicitud de extradición.
La funcionaria también señaló que la difusión pública del caso ha generado señalamientos anticipados, y recordó que estos procesos deben manejarse bajo criterios de confidencialidad para garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia.
En paralelo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, criticó que Rocha Moya cuente con medidas de seguridad tras solicitar licencia al cargo. A través de redes sociales, cuestionó el uso de recursos públicos para su protección en medio de las acusaciones en su contra y pidió que las autoridades actúen conforme a la ley.
El senador sostuvo que, de existir investigaciones, estas deben avanzar sin privilegios y con apego a las instituciones, al tiempo que llamó a que la seguridad pública se enfoque en la ciudadanía.
