* El caso por la compra irregular de cuarteles en Michoacán sigue creciendo. Ya son cinco los señalados por un presunto desfalco multimillonario al erario.
Un juez federal concedió una suspensión provisional que impide la ejecución de una orden de aprehensión contra Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos como peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y ejercicio indebido del servicio público.
De acuerdo con la FGR, Aureoles y cuatro de sus excolaboradores habrían ocasionado un daño patrimonial superior a tres mil 400 millones de pesos por la compra a sobreprecio de cuarteles de la Guardia Civil en siete municipios del estado: Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
La medida otorgada por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal establece que mientras se resuelve la suspensión definitiva, no podrá hacerse efectiva la orden de arresto. Para que la suspensión provisional se mantenga vigente, el exmandatario deberá presentar una garantía económica de 52 mil pesos en un plazo de cinco días.
Aunque el Ministerio Público presentó un acuerdo reparatorio por casi 971 millones de pesos firmado con la empresa encargada de construir los cuarteles, la jueza del caso aclaró que ese acuerdo se alcanzó antes de judicializarse el expediente, por lo que sus beneficios solo aplican para la compañía y no para los exfuncionarios involucrados.
En marzo pasado, cuatro exfuncionarios del gobierno de Aureoles fueron vinculados a proceso por su presunta participación en estos hechos: el exsecretario de Finanzas, el exsecretario de Seguridad Pública, un exdelegado administrativo y una exfuncionaria de la misma secretaría. El proceso penal incluye los delitos de peculado, administración fraudulenta y uso de recursos de procedencia ilícita.
La medida cautelar dictada al exgobernador no impide que sea detenido si incurre en nuevos actos delictivos o es sorprendido en flagrancia. Por ahora, las autoridades continúan con la investigación complementaria y se espera que en los próximos meses se determine la situación legal definitiva del exmandatario.
