* La creciente inseguridad en el sureste de México desencadena migraciones masivas de empresarios y familias desde Chiapas y Quintana Roo en busca de seguridad frente al acoso del crimen organizado.
Daniela Alfaro
En el sureste de México, la inseguridad está generando movimientos migratorios significativos, tanto entre empresarios como entre familias enteras en busca de seguridad y estabilidad. En estados como Quintana Roo y Chiapas, prestadores de servicios y empresarios reportan un ambiente hostil debido al aumento de las extorsiones y los ataques armados, lo que ha llevado a algunos a cerrar sus negocios o a mudarse a áreas consideradas más seguras, como Yucatán. Este fenómeno ha sido denominado como una “inversión migratoria” por parte de algunos emprendedores.
Miles de chiapanecos se han visto obligados a abandonar sus hogares debido al acoso y la amenaza del crimen organizado, especialmente en municipios como Frontera Comalapa. La presión para reclutar a jóvenes y adultos en enfrentamientos armados ha generado una ola de desplazamientos, con familias enteras buscando refugio en lugares considerados más seguros.
Estos fenómenos de desplazamiento forzado están exacerbando una crisis humanitaria en México, particularmente en estados como Michoacán y Zacatecas, a los que recientemente se agregaron entidades del suerte mexicano como Quintana Roo y Chiapas, que ahora concentran la mayoría de los desplazamientos. En 2021, se registraron 42 episodios de desplazamiento masivo debido a la violencia generada por grupos criminales, lo que obligó a casi 3 mil personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad.
Los estados del sur del país están experimentando una situación alarmante, con comunidades enteras desplazadas y emprendedores y empresarios enfrentando un clima hostil para sus negocios como el cobro de piso. La respuesta gubernamental y la cooperación internacional son cruciales para abordar esta crisis y garantizar la seguridad y la protección de los derechos humanos de todas las personas afectadas.
