* Familiares y activistas mantienen plantón en Tuxtla y denuncian que la víctima continúa en prisión pese a la resolución judicial
Redacción / Alfaro Noticias
Familiares, activistas y organizaciones sociales exigieron la liberación de Óscar Trinidad Carvajal, luego de que un juez federal le concediera un amparo en el que reconoce que fue víctima de tortura y ordena investigar y sancionar a los responsables.
En conferencia de prensa realizada frente al Palacio de Gobierno, integrantes del Movimiento Amplio Opositor para la Liberación Nacional, junto con la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo, Base Chiapas, informaron que el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado otorgó la protección de la justicia federal al detenido, al acreditarse violaciones a su integridad personal.
De acuerdo con la resolución, el Estado tiene la obligación de investigar de oficio los hechos, castigar a los responsables y garantizar la reparación del daño. La defensa legal detalló que estas determinaciones derivan del expediente 3040/2025, en el que se documentaron actos de tortura presuntamente cometidos por elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal.
Pese al amparo, los manifestantes denunciaron que Óscar Trinidad Carvajal permanece en prisión preventiva en el penal número 3 de Tapachula, lo que consideran un desacato a la orden judicial. Señalaron además que el detenido fue trasladado el 13 de abril desde un hospital, donde recibía atención médica, hacia dicho centro penitenciario.
Durante la conferencia, Pamela Trinidad Olvera, hermana del detenido, solicitó a las autoridades estatales acatar la resolución federal y ordenar su liberación inmediata. Por su parte, la defensa también pidió al juez de control correspondiente la realización de una audiencia para modificar la medida cautelar.
Las organizaciones indicaron que mantendrán un plantón permanente hasta que se cumplan sus demandas, entre ellas la liberación del detenido, el castigo a los responsables de la tortura y la intervención de organismos de derechos humanos para emitir las recomendaciones correspondientes.
