Alejandro Flores
Los resultados de la elección de diputados locales en Coahuila ofrecen un panorama que vale la pena observar con atención, sobre todo porque ayudan a desmontar algunas lecturas simplistas que suelen imponerse desde la lógica nacional. La primera de ellas es la idea de que los resultados representan una victoria de la oposición frente a la 4T. No exactamente; lo que ocurrió en Coahuila fue el triunfo de un oficialismo estatal que, pese a los años de pronósticos sobre la desaparición del PRI, conserva una estructura política sólida y capacidad de movilización electoral.
La mejor prueba de ello es que el PAN, que decidió competir fuera de esa alianza, obtuvo resultados tan pobres que incluso enfrenta el riesgo de perder su acreditación local como partido político. Dicho de otra manera, esa elección no demuestra el fortalecimiento de una oposición nacional, sino la vigencia de un grupo político local que sigue siendo capaz de ganar elecciones y conservar espacios de poder gracias a una maquinaria electoral bien aceitada y a una estrategia política que, al menos en esa entidad, continúa dando resultados.
Es precisamente ahí donde surge la comparación con Chiapas. Porque si algo evidencian los resultados de Coahuila es que las realidades políticas de los estados siguen siendo profundamente distintas y que los fenómenos nacionales no necesariamente se replican de manera automática en cada rincón del país. Mientras en Coahuila subsiste un bloque político con capacidad de competir frente a Morena y sus aliados, en Chiapas prácticamente todo el aparato político-electoral relevante se encuentra concentrado dentro del mismo proyecto gobernante.
No se trata únicamente de quién ocupa la gubernatura, también forman parte de esa ecuación la mayoría de los ayuntamientos, la inmensa mayoría del Congreso local y buena parte de las figuras políticas que hoy tienen posibilidades reales de disputar posiciones de poder en 2027. La oposición, reducida a una representación mínima que ronda apenas el diez por ciento, no sólo enfrenta una desventaja numérica evidente, sino también una crisis de liderazgo que le ha impedido construir perfiles competitivos capaces de convertirse en una alternativa creíble para 2027 y, mucho menos, para 2030.
Lo anterior no significa que en Chiapas no exista inconformidad. Existe, y sería absurdo negarla. Como ocurre en cualquier estado del país, hay decisiones gubernamentales que generan críticas, problemas que provocan descontento y sectores de la población que expresan su malestar frente a distintas situaciones. Sin embargo, una cosa es la existencia de inconformidad social y otra muy distinta la existencia de una oposición organizada capaz de traducir ese descontento en fuerza electoral, y hasta ahora nadie ha demostrado tener esa capacidad.
Por eso Coahuila no es Chiapas. No porque uno sea opositor y el otro oficialista, sino porque en Coahuila sigue existiendo una competencia entre proyectos políticos distintos, mientras que en Chiapas la disputa por el poder parece desarrollarse cada vez más dentro del propio bloque gobernante. En otras palabras, mientras en el norte todavía pueden identificarse fuerzas con capacidad real de contender, acá en el sureste las batallas más importantes se libran entre grupos, corrientes y liderazgos que, en mayor o menor medida, forman parte de la misma coalición política.
Esa es, quizás, la principal lección que dejan los resultados de Coahuila. El descontento por sí mismo no construye alternativas, las elecciones no se ganan únicamente con el desgaste del adversario y la ausencia de contrapesos no garantiza que aparezcan nuevos liderazgos de manera automática. Mientras no surja una fuerza capaz de organizar, representar y capitalizar políticamente las inconformidades existentes, el escenario chiapaneco seguirá definiéndose más por las correlaciones de fuerza al interior de la 4T que por una competencia efectiva entre proyectos distintos de gobierno.
