Héctor Estrada
Más allá de los argumentos irrisorios y carentes de credibilidad utilizados por la diputada María de Jesús Olvera Mejía para asumirse como víctima mediática, el futuro del proceso judicial promovido por la legisladora en contra del periodista Silvano Bautistas Ibarias y el periódico Diario de Chiapas es un asunto destinado al fracaso inevitable. Carece de fondo sólido y expresa a todas luces un grave desconocimiento jurídico en la materia, imperdonable para alguien responsable de analizar, reformar y aprobar leyes.
La demanda por presunto daño moral interpuesta por la diputada local es verdaderamente una burla. A la legisladora, o a quien mal la asesora jurídicamente, parece haberle hecho falta una actualizada mínima en asuntos de este tipo, ya muy discutidos. Y es que, Olvera Mejía no está acusando la falsedad de las averiguaciones expuestas por el periodista y el medio de comunicación, sino el hecho de haber hecho públicos procesos judiciales que -según ella- debían quedar “en lo privado”.
Según la información publicada por Bautista Ibarias, la diputada local tiene procesos penales por varios delitos como motín, despojo, robo con violencia, asociación delictuosa, falsificación de firmas, falsificación de documentos, uso de documentos falsos, privación ilegal de la libertad, amenazas, entre otros, que forman parte del historial penal de la priista desde 2006 a la fecha. Expedientes que constan en los archivos del poder judicial de Chiapas.
A eso se debe la desbordada indignación de María de Jesús Olvera. Al uso de expedientes judiciales para dañar su “reputación y buen nombre”. Hágame usted el favor. Pero bueno, no vamos a hablar aquí de su controversial historial público, con casos tan escandalosos como las llamadas filtradas donde la también lideresa de la CTM amenaza con quemar vehículos y “sacar del camino” a quien se oponga a sus acciones violentas; además de otros tantos casos de extorsión que, por cierto, también se encuentran asentados en expedientes judiciales (de los que luego hablaremos).
El meollo de este asunto tiene que ver con una demanda por daño moral que inevitablemente está destinada de inicio a ser improcedente. A Olvera Mejía y su grupo de abogados les faltó documentarse mejor. Desconocen o se les ha olvidado de tajo que como diputada es una “persona de impacto público” y la publicación de documentos que tengan que ver con su historial (laboral, judicial o de documentos oficiales) está plenamente justificada por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las averiguaciones previas son de carácter público y los documentos de identidad oficial (actas de nacimiento) son, por ende, asuntos de interés general debido a la investidura de la imputada. No hay para donde hacerle. La sola publicación documentos relacionados con un personaje de “impacto público” no puede ser catalogado daño moral; así lo ha establecido ya la Segunda Sala de la máxima instancia jurisdiccional a nivel nacional (la SCJN).
El Juez Tercero de Distrito en Materia Civil ha dado trámite a la demanda por mero cumplimiento al debido proceso, pero la sentencia no podría ser otra que la negativa a la misma. Por más influencias o presiones que intente la diputada local, el juez de lo civil no puede darse el lujo de sentenciar a favor una demanda sin razón jurídica, que además atenta contra principios constitucionales esenciales como el derecho a la información pública y a la libertad de expresión, en forma de la labor periodística.
El hecho de que a María Olvera se le haya negado el derecho de réplica (basado en el sexto constitucional) es otro asunto completamente distinto que deberá comprobar con la documentación de la solicitud legal que así lo sustente. Mientras tanto, hoy sus intenciones de amedrantar con reparaciones económicas de hasta cinco millones de pesos son realmente inaceptables. Se constituyen a todas luces como una grave afrenta al periodismo y al derecho que todas y todos tenemos para acceder a información de interés público. Aunque a la diputada no le guste… así las cosas.
