Héctor Estrada
Si de por si la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se ha mantenido envuelta en numerosas críticas desde hace ya varios años, el desempeño de Juan Oscar Trinidad Palacios ha significado, sin duda, los peores momentos para el organismo en materia de omisiones y violaciones a los derechos humanos cometidos justo por quien se supone debería garantizarlos y protegerlos de oficio.
La recomendación emitida hace sólo dos días por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de la CEDH en Chiapas es el colmo de la serie de arbitrariedades sucedidas desde el arribo de Trinidad Palacios al organismo. Se trata de un pronunciamiento serio y claro por parte de la CNDH sobre las omisiones e inacción respecto al caso de una persona que fue privada de su libertad y pidió la intervención de la comisión estatal, sin recibir respuesta efectiva a su petición.
Mediante la Recomendación 27/2017, la CNDH acreditó la inactividad de la CEDH de Chiapas que finalmente -dijo- violentaron los principios de inmediatez, concentración y rapidez establecidos en las obligaciones de ley que rigen a este tipo de organismos. De esta manera, admitió deficiencias en los procedimientos del organismo estatal, por lo que urgió resarcir inmediatamente las deficiencias constatadas.
Pero el asunto no quedó ahí. Paralelamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos instruyó el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, ante la Contraloría Interna de la Comisión Estatal, contra quien o quienes resulten responsables por esa inactividad; incluyendo al propio titular de la CEDH.
Sin embargo, no se trata de un caso aislado. Las denuncias públicas, acusaciones y procedimientos en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo la directriz de Juan Oscar Trinidad Palacios, han desfilado durante los últimos tres años. Hace menos de un año el propio Juan Oscar Trinidad fue sentenciado por el Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales del Estado de Chiapas debido a omisiones cometidas en agravio de la población LGBTI de la entidad.
La sentencia del amparo indirecto 1382/2016 sentó un precedente importante, pues obligó finalmente a la CEDH a atender las solicitudes de la población LGBTI en Chiapas que habían sido prácticamente ignoradas por el organismo que debería proteger de oficio a esas minorías. El caso significa hasta la fecha uno de los más escandalosos procedimientos contra la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que demuestran la discriminatoria e irregular actuación de Trinidad Palacios.
A lo anterior se suman un importante porcentaje de quejas no atendidas o aletargadas, así como la permanente confrontación existente entre Juan Oscar Trinidad y las más importantes organizaciones civiles de la entidad chiapaneca. Desde hace mucho el titular de la CEDH debió haber sido sometido a juicio político y removido del cargo. Su desempeño ha sido catastrófico, sin temor a señalarlo como uno de los peores en la historia de la comisión estatal.
Hoy los rumores crecientes sobre su posible llegada a la titularidad del Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJECH) resultan francamente insultantes. Una afrenta a la misma ciudadanía que durante más de tres años ha padecido su pésimo desempeño. Y es que, el propio Juan Oscar Trinidad se ha encargado de dispersar entre su personal el rumor de su supuesta llegada al Poder Judicial, por instrucciones de su amigo Eduardo Ramírez Aguilar. Les ha asegurado que pronto se mudará a la oficina que ahora ocupa Rutilio Escandón Cadenas.
Los dichos vanagloriados de Juan Oscar Trinidad al interior de la CEDH, sobre su supuesto nombramiento inminente, hablan nuevamente de la imprudencia y desparpajo burlón con el que este personaje se conduce por la vida política; conductas, por cierto, nada benéficas para las aspiraciones de personajes como el presidente del congreso estatal.
Aunque la idea de que Juan Oscar Trinidad Palacios llegue al PJECH carece actualmente de sustento real. La sola idea resulta inaceptable. El posible nombramiento de un personaje como ese al frente de uno de los tres poderes del estado representaría un insulto y afrenta directa contra las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y la propia ciudadanía en Chiapas. Sería finalmente un error garrafal que a la larga tendría más problemas que beneficios para quienes lo colocarían en el cargo… así las cosas.
