Manuel Ruiseñor Liévano
Si tomáramos como base los datos del INEGI correspondientes al primer trimestre de este 2026, los cuales reportaron que el 82.7% de las personas mayores de edad identificó a los baches como uno de los más importantes problemas en sus ciudades, municipios o alcaldías, tendríamos que concluir que en materia de infraestructura urbana y servicios esenciales, las autoridades le han quedado mal al muy mentado y traumatizado pueblo mexicano.
Una problemática a la cual se suman las fallas y fugas en el suministro de agua potable –evidentes cada período de estiaje– y respecto de las cuales el 59.2% de la gente muestra creciente preocupación por la infraestructura hídrica y el acceso continuo al servicio en distintas regiones del país. Un contexto en el cual Chiapas no es la excepción, sino uno de sus casos más emblemáticos.
En tercer lugar de la encuesta del INEGI aparece el alumbrado público insuficiente con 56.3% de respuestas, seguido por las calles y avenidas con embotellamientos frecuentes, que fueron identificadas por 53.6% de los inquiridos.
No sobra agregar que la delincuencia, incluyendo robos, extorsiones, secuestros y fraudes, fue mencionada por 52.1% de la población, mientras que 51.4% señaló que la saturación o deficiencia en hospitales y servicios de salud, terminaba de entristecer el cuadro de las cotidianas angustias urbanas nacionales.
EL CASO DE CHIAPAS
Este año –y no es ningùn secreto– nuestro estado enfrenta una de las peores crisis hídricas de su historia y una grave problemática de deterioro vial. Todo lo cual ha detonado —por ejemplo— emergencias por desabasto de agua en más de 600 colonias de Tuxtla Gutiérrez y el inicio de programas emergentes de bacheo estatal.
La paradoja del caso es la escasez. Subrayamos lo anterior porque a pesar de que el estado concentra cerca del 30% del agua dulce de México, ciudades como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula sufren desabasto por sequías severas y olas de calor que superan los 40°.
A pesar de lo que pudiera pensarse, el problema no es de las actuales administraciones municipales o del gobierno estatal. Es consecuencia de lo que dejó de hacerse por tantas décadas en materia de infraestructura básica, equipamiento urbano, vialidades, luminarias, etc., donde además debe agregarse la corrupción y el pésimo, si no, indebido ejercicio de los recursos públicos.
Ha faltado fiscalización, planeación estratégica, sensibilidad social y — para colmo–, visión política a cambio de anteojos electoreros.
Una cuestión evidente en tiempos políticos adelantados, donde –como en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Crstobal, Comitán y Tapachula acontece—, no faltan los oportunistas, los que ya tuvieron la ocasión de servir y fallaron, hasta llegar a quienes no atisban a darse cuenta que no tienen estatura política ni moral, para encabezar el destino de ciudades y municipios que, como vemos en la encuesta del INEGI, se siguen quejando de los malos gobiernos.
A MANERA DE COLOFÓN
A no dudarlo, los resultados dados a conocer por el INEGI, así como la expresión política inherente al caso, reflejan que las principales preocupaciones urbanas siguen centradas en cuestiones elementales como los servicios básicos, movilidad e infraestructura pública.
Algo tiene que hacerse y desde ya, toda vez que son responsabilidades esenciales de las presidencias municipales, el primer frente de atención del gobierno ante la sociedad. Lo demás, es politiquería.
Porque en ese plato vacío de la ambición, no vaya a ser que lleguen al frente de las ciudades y municipios, igual o peor servidores públicos.
La canalla política se mueve a salto de mata, de ahí que hoy más que nunca la ciudadanía debe estar alerta para no dejarse sorprender por ambiciosos y simuladores. Estaremos atentos. Los ciudadanos deben estar alerta, porque Chiapas se merece lo mejor. Si no, al tiempo.
