• El convenio reconoce rezagos en agua potable, drenaje y saneamiento en la entidad
Lennyn Flores
Aunque el gobierno federal y el Gobierno de Chiapas firmaron un convenio para fortalecer proyectos de agua potable, drenaje y saneamiento, el propio documento exhibe que el estado continúa enfrentando rezagos históricos en acceso al agua y manejo de aguas residuales, especialmente en comunidades rurales e indígenas.
El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece las bases para que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregue recursos federales al estado mediante subsidios enfocados en infraestructura hidráulica, cultura del agua y tecnificación agrícola.
Sin embargo, el convenio no precisa cuánto dinero recibirá Chiapas ni qué obras concretas serán ejecutadas, ya que dichas acciones quedarían sujetas a futuros anexos técnicos y disponibilidad presupuestal.
En el documento, las autoridades reconocen la necesidad de rehabilitar infraestructura hidráulica, ampliar redes de agua potable, mejorar drenajes, operar plantas de tratamiento y fortalecer sistemas de saneamiento, lo que refleja que gran parte de estas deficiencias siguen sin resolverse en la entidad.
Además, el acuerdo menciona la necesidad de atender comunidades rurales, pueblos indígenas y zonas vulnerables, sectores donde históricamente persisten problemas de acceso al agua potable.
El convenio también reconoce riesgos asociados al cambio climático y plantea acciones para reducir vulnerabilidades frente a sequías, deterioro de cuencas y uso ineficiente del agua.
Pese al discurso de garantizar el “derecho humano al agua”, el documento deja abierta la ejecución real de los proyectos, debido a que los recursos dependerán de autorizaciones presupuestales anuales y de convenios posteriores.
Asimismo, se contempla la participación de órganos de fiscalización y contraloría social para vigilar el uso de recursos públicos, en un contexto donde diversas obras hidráulicas en el país han enfrentado cuestionamientos por retrasos, deficiencias o falta de cobertura suficiente.
El convenio tendrá vigencia hasta 2030 y forma parte de la estrategia federal relacionada con el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 impulsado por el gobierno federal.
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