Por Daniela Alfaro
A un mes del inicio de la construcción del tren maya, que se convirtió en el proyecto turístico más importante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aún existen variantes sueltas que no parecen definirse pronto, como la consulta por ley a las comunidades indígenas afectadas.
A pesar de que Rogelio Jiménez Pons, quien será el próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), ha asegurado que se desarrollará una consulta privada a las comunidades de los cinco estados que participarán en el proyecto, aún no hay una fecha o convocatoria formal que la defina.
Al respecto, los próximos titulares involucrados en su planeación, han afirmado que la reunión puede tomar lugar los primeros días de diciembre, después de la consulta nacional que definiría el destino de su construcción, la cual se llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre.
Se ha dado a conocer que la reunión será definida en sus lenguas y bajo los términos que condicionen, pero más que una junta informativa, será una encuesta. A cargo de su realización se encuentra Adelfo Regino, quien será el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
El actual presidente municipal de Felipe Carillo Puerto en Quintana Roo, dijo que los ejidos por los que pasará el tren deberán contemplar su importante participación y deberán ser considerados como socios, ya que ellos son los dueños de las tierras.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes fue firmado en 1990, en el que se reconoce la necesidad de los pueblos originarios de asumir “el control de sus propias formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”.
Por la forma en cómo el proyecto podría afectar los terrenos y hogares de dichas comunidades, ha sido un tema de interés especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el que se habla de un posible desplazamiento.
La relatora especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, alertó sobre las problemáticas que traen consigo los megaproyectos, entre las que destaca el desplazamiento forzado, por lo que instó al gobierno mexicano a realizar consultas en las comunidades que serán impactadas por ese proyecto en puerta (Con información de Contralínea).
