- María Hortensia Gómez denunció que su padre fue detenido sin orden y que ella, su madre y otros familiares, incluidos menores, también fueron arrestados y acusados sin pruebas
Redacción
A cinco años de la muerte de Adolfo Gómez Gómez en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, integrantes de su familia ofrecieron una conferencia de prensa para exigir una disculpa pública por parte de las autoridades, tras haber obtenido una recomendación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) que reconoce la responsabilidad del Estado en los hechos.
El caso de Gómez Gómez, un artesano de origen tsotsil detenido en junio de 2020 y fallecido en prisión semanas después, ha sido señalado como un caso emblemático de tortura y detención arbitraria. La Recomendación número 5/2025, emitida recientemente por la CEDH, acredita que el hombre fue víctima de malos tratos y negligencia institucional durante su reclusión.
Durante la conferencia, María Hortensia Gómez, hija del fallecido, recordó que su padre fue detenido sin orden judicial, tras ser vinculado por la Fiscalía al caso de la desaparición del niño Dilan. Días después, ella, su madre y otros familiares fueron también arrestados, incluyendo a menores de edad, acusados sin pruebas de participar en un presunto secuestro. “No cometimos ningún delito. Somos una familia trabajadora”, afirmó.
En su intervención, Nereida Gómez Sánchez, otra hija de la víctima, subrayó que la recomendación de la CEDH representa un avance, pero no es suficiente. Señaló que si bien se ha reconocido la responsabilidad del Estado en la muerte de su padre y se ha iniciado un proceso de reparación económica, la familia sigue esperando una disculpa pública que permita restituir su dignidad y cerrar un ciclo de criminalización.
El caso también fue acompañado por la colectiva Cereza, que ha brindado asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial a las víctimas. Su coordinadora, Patricia Aracil, recordó que al menos 37 personas de la familia Gómez fueron afectadas, incluyendo 26 niñas y niños. Cuatro mujeres fueron encarceladas, y otras personas tuvieron que huir por temor a ser detenidas. “No se trató de un error aislado, sino de una cadena de violaciones a derechos humanos”, señaló.
Según la organización, la Fiscalía del Estado y otras instituciones actuaron con negligencia, a pesar de contar con evidencia de que la familia no tenía relación con la desaparición del menor, quien más tarde fue localizado sano y salvo con sus familiares en el municipio de Sitalá. Aun así, las acusaciones por otros delitos continuaron, lo que ha sido interpretado por la defensa como una forma de justificar las detenciones.
Actualmente, hay servidores públicos vinculados a proceso por su presunta participación en los hechos, incluyendo al exdirector del penal, quien permanece bajo investigación. La familia ha rechazado intentos de acuerdos anticipados o suspensiones condicionales del proceso penal, argumentando que debe prevalecer la verdad y la justicia.
Finalmente, la familia Gómez Gómez reiteró su demanda de que se reconozca públicamente que fueron víctimas de detención arbitraria, tortura y criminalización por parte del Estado. Pidieron a las autoridades que garanticen que casos como el suyo no se repitan, y que se incorporen de manera efectiva las perspectivas de género e interculturalidad en la administración de justicia en Chiapas.
