* Con 112 votos a favor, se garantiza el apoyo económico mensual a jóvenes desempleados de entre 18 y 29 años. La iniciativa fue turnada a los congresos estatales para su ratificación.
El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma que eleva a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorga un apoyo económico mensual a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan. Con 112 votos a favor, el dictamen fue enviado a los congresos estatales para su ratificación.
La reforma modifica el artículo 123 de la Constitución para garantizar que el Estado proporcione un apoyo económico equivalente al menos a un salario mínimo general vigente durante un año. El objetivo es que los beneficiarios puedan capacitarse en empresas, talleres, tiendas y otras unidades económicas. Actualmente, el programa beneficia a más de 2.3 millones de jóvenes en el país.
El dictamen fue aprobado por las comisiones del Senado en octubre de 2024, pero permaneció detenido hasta su reciente votación. Senadores de Morena, PT, PVEM, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano respaldaron la medida, aunque la oposición advirtió sobre la necesidad de mayor transparencia en su ejecución.
El senador priista Néstor Camarillo señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado irregularidades en el programa, incluyendo pagos a personas fallecidas y centros de trabajo inexistentes, lo que ha representado un daño al erario de más de 178 millones de pesos. En el mismo sentido, el senador panista Juan Antonio Martín del Campo pidió reglas claras para evitar su uso con fines electorales.
A pesar de las críticas, legisladores oficialistas defendieron el impacto del programa en la capacitación laboral y su contribución a la inserción de jóvenes en el mercado de trabajo. La senadora panista Susana del Carmen Zatarain propuso que se priorice a jóvenes en situación de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, indígenas y habitantes de zonas marginadas.
Para que la reforma entre en vigor, al menos 17 congresos estatales deben aprobarla en sus respectivas legislaturas. Se espera que el proceso de ratificación se concrete en los próximos meses, con lo que el programa quedaría oficialmente garantizado en la Constitución.
