Edgar Hernández Ramírez
La próxima elección en Chiapas no debería decidirse por quién pinta más bardas, reparte más gorras o presume más cercanía con el poder. La pregunta importante es ¿qué van a proponer partidos y candidatos para un estado donde la pobreza sigue marcando la vida diaria en muchos hogares, el empleo no alcanza, los salarios apenas permiten sobrevivir y muchas comunidades continúan sin servicios básicos?
La discusión tendría que empezar por algo sencillo: hablar con honestidad. Un candidato a alcalde no puede prometer la industrialización de su municipio como si manejara el presupuesto federal, ni un diputado local o federal puede presentarse como salvador absoluto si ni siquiera explica qué sí está en sus manos resolver. La primera obligación debería ser dejar atrás la simulación, explicar qué puede hacerse desde el municipio, qué corresponde al gobierno estatal, qué depende de la Federación y qué requiere participación comunitaria.
Chiapas no necesita campañas de fantasía. Necesita compromisos concretos y verificables. En muchas regiones todavía faltan agua potable, caminos transitables, drenaje, electrificación, alumbrado, recolección de basura y vivienda digna. Parece increíble, pero en gran parte del estado lo básico sigue siendo una promesa repetida cada sexenio. Ningún discurso sobre desarrollo será creíble mientras haya comunidades aisladas, colonias sin drenaje y familias que notienen acceso regular al agua.
Otro tema central debe ser el empleo. Según datos recientes del INEGI, al cierre de 2025 casi seis de cada diez personas en Chiapas no tenían ingresos suficientes para comprar la canasta básica. Además, más de dos terceras partes de la población trabajaban en la informalidad. Esa realidad obliga a cambiar el tono de las futuras campañas. No basta con prometer apoyos sociales; hace falta explicar cómo se van a generar economías locales que permitan vivir mejor.
Los municipios y los diputados tendrían que presentar propuestas claras para fortalecer cadenas productivas regionales, apoyar al campo, abrir mercados para productores locales, impulsar cooperativas, facilitar créditos para pequeños negocios y promover capacitación técnica. También deberían hablar de compras públicas locales para que el dinero público beneficie realmente a las economías de cada región.
La seguridad también debe discutirse con seriedad. En Chiapas hay zonas donde la vida cotidiana sigue con relativa calma, pero también territorios golpeados por la violencia, las extorsiones, los desplazamientos y el miedo. La respuesta no puede reducirse a prometer más patrullas o más armas. Se necesitan policías municipales mejor capacitadas, programas de prevención, atención a jóvenes, recuperación de espacios públicos y coordinación real entre municipios, estado y Federación.
La violencia contra las mujeres merece un lugar central en el debate público. No puede seguir tratándose como un tema secundario o decorativo en campaña. Datos oficiales registraron decenas de feminicidios y cientos de casos de violencia familiar en Chiapas durante 2025. Frente a eso, los candidatos deberían comprometerse con acciones específicas: refugios regionales, atención psicológica y jurídica, alumbrado en zonas de riesgo, transporte seguro, policías capacitadas y seguimiento público de casos. Una campaña que evita hablar de feminicidio demuestra una profunda desconexión con la realidad.
La educación también tendría que abordarse de manera más seria y menos discursiva. En Chiapas, hablar de educación no significa sólo mencionar aulas y maestros. Significa hablar de caminos para llegar a las escuelas, acceso a internet, alimentación, transporte, becas y espacios seguros para niñas, niños y jóvenes.
Otro punto clave es el desarrollo territorial. Durante décadas, Chiapas ha sido visto como reserva de mano de obra barata, destino turístico o frontera de contención migratoria. La elección de 2027 debería abrir una discusión más profunda: qué modelo de desarrollo necesita realmente el estado. Los candidatos tendrían que explicar si apuestan por proyectos improvisados y extractivos o por alternativas que fortalezcan la producción local, el campo, las energías limpias con beneficio comunitario y una infraestructura pensada para mejorar la vida de la población.
En lugar de campañas vacías, la discusión pública tendría que concentrarse en asuntos concretos: cómo garantizar agua y servicios básicos; cómo reducir la pobreza laboral; cómo generar empleos formales; cómo proteger a las mujeres; cómo reconstruir la seguridad comunitaria; cómo atender a las juventudes; cómo mejorar las escuelas; cómo transparentar las obras públicas; y cómo evitar que los presupuestos terminen convertidos en botín político.
Pero también hay una responsabilidad interna de los partidos. Durante años se acostumbraron a organizar foros, recoger peticiones, tomarse fotografías y después guardar las demandas en un cajón. Eso ya no alcanza. Los partidos tendrían que construir diagnósticos reales por región, escuchar a la población, ordenar prioridades y convertirlas en compromisos medibles, con responsables, plazos y mecanismos de vigilancia ciudadana.
Quien aspire a gobernar debería firmar menos “decálogos” y asumir más compromisos públicos verificables. No basta con decir “habrá más desarrollo”. Lo importante es explicar cuántos caminos rurales se gestionarán, cuántas colonias tendrán agua potable, cuánto presupuesto se destinará a programas para mujeres, qué obras serán transparentadas y qué mecanismos de rendición de cuentas existirán.
El gran riesgo rumbo a 2027 es que Chiapas vuelva a vivir una elección centrada en nombres, grupos políticos y padrinazgos, mientras la ciudadanía queda reducida a clientela electoral o simple estadística. El verdadero desafío democrático consiste en obligar a partidos y candidatos a discutir los problemas que afectan todos los días a la población: pobreza, empleo, seguridad, feminicidios,educación y servicios básicos.
Chiapas no necesita candidatos iluminados ni campañas espectaculares. Necesita gobiernos municipales que funcionen, diputados que sirvan y partidos capaces de escuchar antes de repartir propaganda. En un estado donde todavía falta lo elemental, la mejor promesa electoral no es la grandeza, sino garantizar condiciones mínimas de dignidad.
