* Las agresiones, atribuidas al CJNG, se intensificaron tras la muerte de “El Mencho” y se han prolongado durante varios días consecutivos
Habitantes de comunidades nahuas de la región Sierra-Costa denunciaron una serie de ataques con drones presuntamente atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación, los cuales, aseguran, se han extendido por varios días consecutivos y han provocado desplazamiento de familias, en un contexto que, señalan, se intensificó tras la muerte de “El Mencho”.
De acuerdo con testimonios respaldados por el Colectivo de Defensa de Derechos Humanos y Territorio, las agresiones se han registrado en localidades como Laguna de Calvillo, El Puerto, El Ranchual y El Salitre de Estopila, donde en algunos casos los ataques han durado hasta ocho días.
Los pobladores señalaron que los hechos han generado condiciones de inseguridad y vulnerabilidad, además de obligar a algunas familias a abandonar sus viviendas ante el riesgo que representan los explosivos lanzados desde drones.
Las denuncias también apuntan a una falta de intervención efectiva por parte de las autoridades de seguridad. Aunque el gobierno estatal ha informado sobre la presencia de corporaciones como la Guardia Nacional y el Ejército, los habitantes sostienen que estas no han ingresado a las comunidades afectadas.
Según los reportes, la violencia en la zona ha evolucionado en los últimos años, pasando de enfrentamientos con armas de fuego al uso de drones con explosivos y, más recientemente, a la colocación de minas en caminos y accesos.
Ante la ausencia de operativos permanentes, las propias comunidades han implementado guardias comunales e incluso han realizado acciones para localizar y desactivar artefactos explosivos.
Organizaciones y habitantes indicaron que este tipo de agresiones no es reciente, ya que en los últimos años se han documentado episodios recurrentes de violencia en la región, incluidos varios durante 2025 y a inicios de 2026.
Además, señalaron que el conflicto ha impactado a defensores del territorio, como en el caso de la desaparición de José Gabriel Pelayo Salgado en marzo de 2024, sin que hasta ahora se reporten avances en las investigaciones.
Frente a este panorama, las comunidades demandaron el desmantelamiento del grupo criminal en la zona, el retiro de explosivos, la instalación de retenes militares y la implementación de operativos de seguridad, así como investigaciones que permitan identificar a los responsables.
También advirtieron que el uso de drones con fines violentos representa un riesgo creciente en el país, al tratarse de una forma de ataque que incrementa la capacidad de daño en zonas rurales y de difícil acceso.
