* La investigación federal vincula al edil con secuestros, cobro de piso y el uso de recursos públicos para beneficiar a un grupo criminal desde 2021
La Fiscalía General de la República imputó al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, por delincuencia organizada y secuestro agravado, al señalarlo como presunto responsable de encabezar una red de extorsión y cobro de piso en el municipio, en coordinación con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con los datos de prueba presentados ante un juez de control, la FGR sostiene que Rivera Navarro habría pactado con dicho grupo criminal el pago anual de alrededor de 40 millones de pesos provenientes del erario municipal, a cambio de respaldo político y control territorial, así como de la operación de actividades ilícitas como extorsiones, secuestros y amenazas a comerciantes y empresarios.
La investigación federal indica que estas prácticas se habrían mantenido al menos desde marzo de 2021 y que participaron diversos funcionarios municipales, entre ellos el director de Catastro y Predial, Juan Gabriel Toribio Villarreal, así como colaboradores cercanos del alcalde. Por estos hechos, las autoridades solicitan penas que van de 10 a 40 años de prisión, según el grado de participación de cada imputado.
Uno de los casos centrales incluidos en la carpeta de investigación es el secuestro de Guillermo Cordero García, entonces precandidato de Morena a la presidencia municipal de Tequila, ocurrido en marzo de 2021. Según la FGR, la víctima fue privada de la libertad por hombres armados y obligada, mediante violencia y amenazas, a renunciar a su candidatura para favorecer a Rivera Navarro.
Además de los hechos vinculados al proceso electoral, la fiscalía documentó múltiples testimonios de comerciantes que denunciaron cobros ilegales desde el inicio de la actual administración municipal. Las declaraciones refieren clausuras arbitrarias, exigencias de pagos iniciales para reabrir negocios y cuotas mensuales conocidas como “renta”, bajo la amenaza de represalias.
En uno de los testimonios integrados a la causa penal, un comerciante de artesanías relató que, tras incumplir un pago mensual, fue retenido por funcionarios municipales y elementos de seguridad pública, golpeado y amenazado con ser entregado a un grupo criminal. La familia de la víctima habría solicitado préstamos para cubrir tanto la cuota exigida como el pago para su liberación.
La FGR también incorporó declaraciones de regidoras del ayuntamiento, quienes señalaron que los recursos obtenidos mediante extorsiones eran repartidos entre funcionarios municipales y el grupo criminal, además de referir un estilo de vida ostentoso del alcalde y su círculo cercano que no correspondería con sus ingresos oficiales.
Diego Rivera Navarro fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión y trasladado a un penal federal, mientras continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad de otros servidores públicos presuntamente involucrados en la red delictiva.
